El Congreso y el Senado analizan hoy en sesión conjunta los trabajos de la comisión creada en marzo para concretar la puesta en marcha de planes de pensiones para diputados y senadores.
Se trataría de crear un fondo, con cargo a los presupuestos de las Cortes, del que podrían beneficiarse aquellos parlamentarios que, habiendo tenido esta condición durante un número determinado de años (siete años o dos legislaturas), no hayan acumulado por sus actividades posteriores los años necesarios para recibir el máximo de pensión. Las Cortes se encargarían de sufragar mensualmente la diferencia de lo que les correspondería por su cotización personal hasta llegar al cien por cien de la pensión.
Además, se pretende crear un segundo fondo para indemnizaciones, también con cargo a los presupuestos de las Cámaras. Los beneficiarios serían los parlamentarios que se quedaran en paro tras su paso por el Congreso o el Senado y pudieran demostrar que no han recibido otros ingresos. La indemnización sería de un mes por año trabajado.
En tiempos precedentes, cuando algunos ex diputados o ex senadores se han dirigido a los presidentes de las Cámaras para exponer situaciones de penuria económica y pedir ayuda, este tipo de peticiones se han atendido recurriendo a los remanentes de la Cámaras.
La concreción de los detalles se ha encargado a una comisión de las dos Cámaras formada por dos diputados -Javier Barrero (PSOE) y Ana Madrazo (PP)-, dos senadores -Juan Barranco (PSOE) y José Manuel Barquero (PP)- y los secretarios generales del Congreso y el Senado.
El secretario cuarto de la Mesa del Senado, el ‘popular’ José Manuel Barquero, explicó en su día, cuando la Cámara Alta presentó la iniciativa que luego asumió igualmente el Congreso, que tanto en la fijación de la cuantías como en como periodos computables y en gradación de los mismos se ha tenido en cuenta la legislación vigente.
La intención, según explicó, es adecuar al parlamentarismo español a «la media» de lo que actualmente está en vigor en los parlamentos de nuestro entorno, para lo cual habría que decidir si los fondos se dotan sólo de los presupuestos de las Cortes o si se opta por una financiación mixta. «Hay parlamentos con su propia caja de pensiones, otros en los que hay una fórmula mixta de aportaciones individuales y de dinero público y hay parlamentos que tienen su caja de pensiones exclusivamente con aportación de dinero público», apuntó.
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