Los Gobiernos de España y Cabo Verde firmaron ayer en la capital del archipiélago, Praia, una declaración política bilateral en la que se comprometen a cerrar antes de 2007 un acuerdo marco en materia de colaboración migratoria, en el que destaca la fijación de cupos anuales de inmigración por sectores que beneficiarán sobre todo a los ciudadanos caboverdianos.
El documento fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo de Cabo Verde, Víctor Borges. Ambos países dicen ser «conscientes» de que el fenómeno migratorio y los desafíos que comporta exigen una «acción concertada» de la comunidad internacional basada en «la globalidad y la corresponsabilidad».
Asimismo, se subraya que las migraciones internacionales, «cuando son gestionadas adecuadamente», tienen «efectos positivos» tanto para los países de origen como los de destino, y de que los flujos migratorios irregulares deben ser «combatidos» eficazmente en un espíritu de partenariado sólido dentro del respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de los inmigrantes.
España y Cabo Verde se comprometen a «impulsar» las negociaciones bilaterales en curso para alcanzar «a la mayor brevedad, y en todo caso antes de fin de 2006», un acuerdo migratorio de los denominados de ‘segunda generación’ por parte del Ejecutivo español.
El primer punto de la declaración se centra en el fomento de la migración legal. «Se facilitarán los procedimientos de migración legal y la contratación de trabajadores de la otra parte firmante, de acuerdo con las necesidades de sus respectivos mercados de trabajo y de su complementariedad», se indica en el texto.
En este sentido, «previa consulta a asociaciones profesionales, sindicales y empresariales, se fijarán cupos estimativos anuales de inmigración por sectores y se favorecerán los contactos entre empleadores y trabajadores para canalizar y formalizar las ofertas de empleo».
El segundo punto aborda la inmigración de carácter irregular. Para ello, ambos países llevarán a cabo un «intercambio regular» de información entre las autoridades competentes sobre trata de personas, redes de tráfico de personas e individuos implicados en las mismas, así como sobre el crimen organizado.
Además, Moratinos y Borges acordaron que se impulsen programas y acciones de asistencia técnica en materia de inmigración. «En particular, se organizarán cursos de formación para personal consular y de inmigración,en materias como el refuerzo de los controles fronterizos o la detección de documentos falsos», se dice en la declaración.
Los dos Gobiernos subrayaron la necesidad de reforzar la cooperación policial y judicial para luchar contra las redes de inmigración ilegal y tráfico de seres humanos, en paralelo con la publicación de campañas de «información y sensibilización» sobre los riesgos de la inmigración ilegal y de un impulso mecanismos de cooperación en labores de patrullaje aéreo y marítimo con otros socios, en particular los de la Unión Europea.
En tercer lugar, se reafirma la obligación de derecho internacional de «facilitar» la repatriación de los nacionales «debidamente identificados y con pleno respeto a los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano». De esta forma, «se facilitará siempre que sea necesario la realización de misiones técnicas de identificación de personas que se encuentren en situación irregular en el territorio de España o Cabo Verde.
En último término se aborda el retorno voluntario y asistido de los inmigrantes que decidan regresar a sus países de origen, junto con la cooperación para «optimizar» los beneficios de la inmigración. «Se definirán acciones en materia de codesarrollo, identificadas y apoyadas bilateralmente, con el objetivo de aprovechar y poner en valor las capacidades, remesas y experiencia de los inmigrantes», se concluye en el texto.
Ambos Gobiernos firmaron igualmente un convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia en el que se comprometen a colaborar en la lucha contra las acciones criminales, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, así como el contrabando y el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas.
El archipiélago caboverdiano de diez islas se encuentra frente a Senegal, Gambia y Mauritania, por lo que forma parte del denominado ‘triángulo de inmigración’ por donde operan las mafias que trafican con seres humanos. Si bien este país no plantea problemas migratorios a España –sólo cinco caboverdianos han entrado ilegalmente en territorio español durante este año 2006–, puede convertirse en zona de tránsito entre la parte continental africana y las costas españolas de Canarias.
Un total de 2.592 caboverdianos residen legalmente en España, sobre todo en Asturias, León y Galicia. El fenómeno migratorio desde Cabo Verde no es problemático en estos momentos para España, aunque fuentes diplomáticas españolas advirtieron de la posibilidad de que este archipiélago se convierta también en lugar de destino de inmigrantes subsaharianos.
Esta antigua colonia portuguesa está a punto de salir del grupo de países menos avanzados (PMA) para situarse en los de renta intermedia, gracias a que dispone de una economía prácticamente saneada y una deuda externa relativamente baja para lo que es el común de los países africanos.
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