El sindicato Manos Limpias ha denunciado por una presunta falta grave a la fiscal del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid que el pasado día 10 de junio dejó en libertad a cinco atracadores que fueron detenidos ‘in fraganti’ cuando intentaban asaltar una sucursal de la Caixa ubicada en la calle de Mota del Cuervo de Madrid.
La denuncia de Manos Limpias recoge que el pasado 8 de junio, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia de Madrid un atestado de más de 150 folios en el que se imputaba a cinco personas «la comisión de un atraco cuando entraban a robar en una sucursal de la Caixa de Canillas». La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.
El sindicato señala que la policía destacaba en su informe que el grupo detenido había cometido 15 atracos en otras entidades bancarias en los que amenazaron a los empleados de las mismas, llegando incluso a disparar al director de una sucursal de Aravaca.
A pesar de ello –indica Manos Limpias– «la Fiscalía no solicitó la comparecencia de los detenidos, ni por supuesto el ingreso en prisión», lo que, a su juicio, es un hecho que podría ser constitutivo de una falta «muy grave».
ALARMA SOCIAL
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, el sindicato se apoya en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales».
Además, el colectivo de funcionarios públicos indica que el caso ha generado «un estado de alarma social en la sociedad española» ya que, después de conocerse la puesta en libertad de los arrestados, los medios de comunicación emitieron el vídeo en el que se exhibía el desarrollo de la operación.
Finalmente, Manos Limpias pone de manifiesto que, debido a su actuación en este caso, la imagen de la Fiscalía ha quedado «deteriorada de cara a la opinión pública, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva».
«Los derechos de los ciudadanos y el interés público se han quebrantado por esta negligencia del Ministerio Fiscal», concluye la denuncia del sindicato, que matiza que el principio de seguridad jurídica «ha sido transgredido, vulnerado y conculcado» por la acusación pública.
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