20 de septiembre de 2024
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Jordi Sevilla informa al Consejo de Ministros sobre el Estatuto de los funcionarios

Jordi Sevilla informa al Consejo de Ministros sobre el Estatuto de los funcionarios

El Consejo de Ministros ha recibido hoy un informe del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que nace del acuerdo que el pasado martes firmaron el Gobierno y los sindicatos en presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, durante un acto en el Palacio de La Moncloa.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo que con este Estatuto se crea un marco básico para los 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones, pero respetando las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El texto establece además que las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones Públicas, mientras que las complementarias serán fijadas por cada administración, con lo que se logrará una estructura retributiva más acorde y adecuada a la realidad.

«El Estatuto no sólo profesionaliza la Administración, también permitirá que los servidores públicos recuperen el poder adquisitivo perdido», precisó De La Vega.

El Estatuto también se fija la reducción de la temporalidad en el sector público como un objetivo esencial, garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad en el acceso al empleo público, y articula distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La norma sitúa la evaluación del rendimiento como un factor decisivo en la carrera profesional. Dicha evaluación se efectuará a través de sistemas objetivos pactados con los sindicatos. La continuidad en los puestos dependerá del rendimiento de los empleados públicos, desapareciendo la presunción de haber obtenido un puesto de carácter vitalicio.

De la Vega también destacó que el Estatuto modernizará las normas de acceso y los procesos de selección, incluirá un código de conducta de obligada aplicación en todas las administraciones, y garantizará la igualdad entre hombres y mujeres.

«Habrá tolerancia cero ante la discriminación», subrayó la vicepresidenta, que añadió que el objetivo del Gobierno es tener «los mejores funcionarios y los más motivados para mejorar la calidad del servicio público».

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