La secretaria de Política Autonómica y Local del PP, Soroya Sáenz de Santamaría, aseguró que el futuro Estatuto Básico del Empleado Público aumenta las diferencias entre los funcionarios, dificulta su movilidad y abre la puerta a la ‘discrecionalidad política’ en el acceso y en el cese en el puesto.
El Gobierno firmó ayer con los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF el acuerdo alcanzado sobre el estatuto el pasado 24 de mayo y que servirá para fijar las condiciones de 2,5 millones de trabajadores públicos.
En un comunicado, la dirigente del PP considera que con el estatuto todo el personal (funcionario y laboral) será empleado público, sin aclararse los puestos que pueden ser desempeñados por uno u otro nivel.
Además, se consagra la entrevista como mecanismo de selección para el acceso a la función pública por lo que se abre la vía a las designaciones y los ceses ‘a dedo’, lo que supone un acceso ‘discrecional y no basado en el mérito y la capacidad’.
Sáenz de Santamaría afirma asimismo que el Estatuto no se va a aplicar íntegramente en Cataluña, por lo que advierte al Parlamento que va a tramitar una ley básica que está limitada por la reforma del estatuto catalán.
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