El Gobierno y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF han firmado hoy el acuerdo sobre el anteproyecto de ley del Estatuto de la Función Pública, en un acto celebrado en el Palacio de La Moncloa y presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
En nombre del Gobierno suscribió el acuerdo el ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, mientras que por parte sindical plasmaron su firma en el documento el secretario general de la Federación de Administraciones Públicas de UGT, Julio Lacuerda, el coordinador del área pública de CC.OO., Enrique Fossoul, y el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández.
El Estatuto de la Función Pública regulará las condiciones laborales y los derechos y deberes de 2,5 millones de empleados públicos. El Gobierno prevé llevar próximamente esta norma al Consejo de Ministros para su aprobación, momento en el que será remitida al Parlamento con la pretensión de que entre en vigor a principios del próximo año.
Tras el acto de la firma, Zapatero destacó que este Estatuto será un «hito histórico» para la Administración Pública, pues han tenido que transcurrir 28 años para hacer realidad el mandato constitucional de tener un Estatuto propio para el sector público. «Cuando resulte aprobado, y va a resultar, porque este Gobierno es especialista en aprobar Estatutos, supondrá un hito histórico», bromeó el presidente.
El jefe del Ejecutivo empezó su discurso recordando su etapa como portavoz socialista en el área de Administraciones Públicas. En aquel entonces tenía como «contraparte» a Mariano Rajoy, a la sazón ministro del ramo. «El destino ha querido que en aquel momento el Estatuto no viera la luz, pero ahora lo hará», añadió el presidente.
Zapatero, que en sus primeras palabras reivindicó «el valor de lo público», destacó la alta profesionalidad de los funcionarios y la necesidad de que su trabajo sea reconocido y valorado por la sociedad española. El presidente dijo además que los cambios en las Administraciones Públicas tienen que correr al ritmo de la sociedad y eso, puntualizó, depende de la voluntad política, no de los empleados públicos.
El jefe del Ejecutivo, que calificó de «inédita» la actual etapa del diálogo social por la abundancia de acuerdos, subrayó además que el Estatuto de la Función Pública contribuirá a la modernización, a la competitividad económica, al progreso social y a la cohesión e integración territorial, además de ayudar al crecimiento de la economía española.
Zapatero resaltó también que el nuevo Estatuto será una «fuente de oportunidades» para los empleados públicos, pues favorecerá la eficiencia y calidad en la prestación de servicios, estimulará y premiará el trabajo bien hecho y reconocerá la excelencia profesional. En suma, esta ley, dijo el presidente, pretende «el orgullo por lo público, el reconocimiento, la valoración y la promoción».
«Estoy convencido de que el Estatuto del Empleado Público representará el elemento que los ciudadanos identificarán con el gran cambio que se operará en las relaciones de empleo y en la gestión de personal en las Administraciones Públicas», concluyó Zapatero su discurso.
EL MEJOR ESTATUTO POSIBLE
Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas subrayó en su intervención que este Estatuto es «el mejor de los posibles», porque fortalece los principios constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y porque supone un paso más para modernizar las Administraciones Públicas.
Entre otras medidas, el Estatuto contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. También regulará la carrera profesional, incluirá un código de conducta y reconocerá el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Sevilla destacó que el texto recoge por primera vez condiciones laborales homogéneas para todos los empleados públicos, pero siempre desde el respeto a las competencias de cada comunidad autónoma. El ministro se mostró convencido de que la mayor parte del Parlamento apoyará este Estatuto. En este sentido, los responsables sindicales aprovecharon sus respectivas intervenciones para pedir a las Cortes que respeten el contenido de lo pactado.
UN PACTO DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA
En este punto, el coordinador del área pública de CC.OO., Enrique Fossoul fue mucho más allá al reclamar que, cuando el Parlamento apruebe el texto, garantice un Pacto de Estado para no modificar la Función Pública según los vaivenes políticos. «Este Pacto de Estado es necesario para dar continuidad a la Función Pública española», precisó.
Desde UGT, Julio Lacuerda hizo sobre todo hincapié en la importancia de un proyecto que ha tardado 28 años en hacerse realidad. De aprobarse en el Parlamento, Lacuerda afirmó que esta norma supondrá la consolidación de la democracia en las Administraciones Públicas porque establecerá las mismas condiciones laborales para todos los funcionarios, mejorará el servicio público y «dignificará» la situación sociolaboral de los empleados públicos.
Por último, el presidente de CSI-CSIF recordó que el Estatuto de la Función Pública era una «asignatura pendiente» de la democracia y se mostró convencido del papel «clave» que éste desempeñará en la vertebración de las distintas administraciones. «Ésta era la última oportunidad que teníamos para poner orden en el caos jurídico-administrativo que existe en la Función Pública», afirmó.
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