El número de personas con discapacidad que accedió en 2005 a un empleo de la Administración General del Estado sumó 124, un 4,7% del total de aprobados en esa convocatoria y que supone una cifra cercana a la alcanzada en toda la década anterior, informó ayer la directora general de la Función Pública, Olga Mella.
Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, solicitada por el grupo parlamentario socialista, Mella explicó que en los dos últimos años ha habido ‘resultados alentadores y marcan un cambio de tendencia’ en el número de aspirantes y aprobados de personas con discapacidad que optaron a las plazas de la Administración General.
Tras señalar que entre 1994 y 2003 las personas con discapacidad que superaron las pruebas de selección sumaron sólo 163, ‘apenas el 0,6 por ciento de los nuevos empleos (de la Administración General) en ese periodo’, Mella informó de que en 2004 un total de 95 discapacitados cubrieron plazas públicas, el 3,17 por ciento del conjunto.
En 2005 la cifra sumó 124, lo que supuso el 4,79 por ciento del total, ‘muy superior al 3,17 por ciento del ejercicio precedente’, agregó Mella, quien recordó que un real decreto de 3 de diciembre de 2004 obliga a la Administración General a reservar un cupo del 5 por ciento de sus ofertas públicas de empleo a las personas con discapacidad, un colectivo que sufre una alta tasa de paro.
Por otro lado, la directora general explicó que el borrador del Estatuto Básico de la Función Pública establecerá que la cuota del 5 por ciento sea obligatoria para el conjunto de las administraciones públicas y no solo de la Administración General, ‘lo que tendrá una enorme trascendencia’.
En respuesta al diputado popular Francisco Murcia, la responsable del Ministerio de Administraciones Públicas expresó la dificultad de conocer si se está cumpliendo la obligación legal de que el 2 por ciento de los efectivos de la Administración General son personas con discapacidad.
Ello se debe a dos circunstancias: el seguimiento de la carrera profesional de estos ciudadanos es limitado, porque ello choca contra la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y los propios afectados no siempre quieren ofrecer información, agregó Mella en la Comisión no Permanente para las Políticas de la Discapacidad.
La misma comisión parlamentaria aprobó por unanimidad distintas proposiciones no de ley para impulsar medidas que favorezcan el autoempleo de las personas con discapacidad; facilitar el acceso a materiales de información en los museos adaptados a las personas con alguna discapacidad sensorial, y favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a la televisión digital.
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