Gobierno y sindicatos se reunieron ayer para iniciar formalmente las negociaciones del Estatuto Básico del Empleado Público, que según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, «podría firmarse dentro de un mes», pese a que augura una negociación larga dados los obstáculos aún existentes.
Los sindicatos participantes en la negociaciones (UGT, CC.OO. y CSI-CSIF), trasladaron conjuntamente al Ministerio un documento con «consideraciones indispensables» al segundo borrador elaborado por el Gobierno, y centraron sus principales propuestas en cuestiones como la participación sindical en los procesos de selección, evaluación y promoción de los trabajadores públicos, así como en la necesaria reducción de las tasas de temporalidad.
Los sindicatos manifestaron su satisfacción por el inicio de una negociación formal con el Gobierno en una materia hasta ahora desprovista de cobertura estatutaria pero contemplada en la Constitución. Subrayaron también el carácter unitario de la propuesta trasladada al Ejecutivo y la gran oportunidad que esta negociación significa para la consecución de un sistema público de empleo de calidad, que reconozca los derechos y deberes de los funcionarios.
«Misión cumplida» fue la fórmula elegida por Julio Lacuerda (FSP-UGT) para manifestar el resultado de la reunión de ayer, a lo que añadió que supone una buena noticia el hecho de que se ponga en marcha una negociación formal.
Enrique Fanjul (FSAP-CC.OO.) destacó que se trata del inicio de una negociación «importante y decisiva» en la que «no tiene por qué haber tantas diferencias», y subrayó el carácter unitario de las propuestas sindicales. Desde CSI-CSIF, Ángel Lozano, se centró en los aspectos de mayor divergencia resaltando la necesidad de un sistema de empleo público «permeable» y que combata la temporalidad.
Sindicatos y Ministerio de Administraciones Públicas volverán a reunirse el próximo jueves 11 de mayo y nuevamente el miércoles 17 del mismo mes, según el calendario acordado por ambas partes.
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