El Gobierno está recabando informes para comprobar si debe revisar la concesión de la Medalla del Mérito en el Trabajo que otorgó en enero de 2004 el entonces ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Eduardo Zaplana, al constructor Francisco Hernando, conocido como 'Paco el Pocero'.
Así lo detalla una respuesta parlamentaria a la diputada de IU-ICV Isaura Navarro, en la que se asegura que el expediente sobre el caso no dilucida las razones por las que se otorgó la medalla de plata en lugar de la de oro, que era la propuesta inicial del director del Gabinete Técnico del Subsecretario del Ministerio.
El Gobierno incluye un documento que repasa los aspectos de la trayectoria de Hernando, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuesto fraude en una operación urbanística en Seseña, que según los proponentes le hacían merecedor de la distinción.
Explica que nació en 1945 en el seno de una familia 'muy humilde, rozando la más absoluta pobreza', de padre pocero y madre 'que vendía churros por la calle'.
'Muchos días el desayuno consistía en las puntas de las porras que los hijos pellizcaban a hurtadillas', dice la biografía antes de repasar los trabajos que llevó a cabo Hernando durante su infancia y adolescencia.
Después, 'su tesón y constante preocupación por la construcción de viviendas de calidad accesibles a las economías más desfavorecidas le llevaron en la década de los 70 a trabajar prácticamente en exclusiva para el IVIMA', asegura el documento.
La propuesta inicial era la concesión de una medalla de oro, aunque Zaplana -que fue quien adoptó la decisión, remarca la respuesta parlamentaria- se decantó por la de plata, y así se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 19 de enero de 2004.
Con posterioridad a la concesión, el 30 de abril de ese año, entró en el Ministerio un escrito del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, del PP, en el que se proponía la anulación 'por haber sido declarado dicho señor persona non grata' en la localidad a principios de los noventa.
Consultado el procedimiento seguido para la concesión, el Gobierno está recabando informes solicitados a distintas áreas del departamento de Trabajo 'con el fin de comprobar si en la tramitación se ha incurrido o no en alguna de las causas de revisión previstas por el ordenamiento jurídico', detalla la respuesta parlamentaria.
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