La Ley de la Dependencia tendrá en siete años un presupuesto de "al menos" el 1 por ciento del PIB y creará 500.000 puestos de trabajo, con lo que será también un nicho de trabajo, afirmó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
El representante ministerial detalló, durante la clausura del II Congreso Nacional de Alzheimer que se celebra en Gran Canaria, que 300.000 empleos serán de creación directa y 150.000 indirecta.
Caldera recordó que las demencias afectan a las personas mayores y, dado que cada vez la esperanza de vida es mayor, estas enfermedades se extienden, entre ellas el Alzheimer, padecido por 600.000 personas en España, lo que afecta a más de dos millones de familiares, quienes son "prioridad absoluta" en las políticas del Gobierno.
Para "todos" hay una vía de esperanza en la investigación clínica, pues es previsible que en la próxima década se pueda contar con fármacos que traten la enfermedad, y por la entrada en vigor de la nueva ley, agregó.
La norma, que aún debe pasar por el Senado y volver al Congreso de los Diputados, además de ayudar a los enfermos y familias, y mejorar los índices de empleo, actuará en favor de la igualdad, porque muchas mujeres han tenido que abandonar sus empleos para cuidar a sus familiares enfermos, añadió.
Asimismo, recalcó que a partir del 1 de enero comenzarán a ser atendidos los casos más graves y el resto se incorporará en los siete años que precisa la ley para estar totalmente desarrollada.
El presidente de la organización española de familiares de enfermos de Alzheimer (CEAFA), Emilio Marmeu, consideró que el texto legislativo es positivo y deseado, pero advirtió al ministro que aún falta el desarrollo reglamentario, en el que se conocerá el verdadero alcance de la norma, por lo que reivindicó que los familiares estén presentes en el comité consultivo.
Asimismo, pidió que los enfermos de Alzheimer sean considerados dependientes de tercer grado y que se destine a la dependencia el 1,5 por ciento del PIB, pues considera adecuado un sistema similar al sueco.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Isidoro Ruipérez, criticó, por su parte, que el texto legislativo no contenga compromisos en materia sanitaria y preventiva.
Aunque Caldera no se refirió a este punto concreto, aseguró que las solicitudes serán atendidas y garantizó que los familiares estarán presentes en el proceso desarrollo de la ley y que el presupuesto que se desplegará para su aplicación será como mínimo del 1 por ciento.
Subrayó que el Gobierno español se inspiró en los modelos nórdicos, con sistemas universales y no sólo para afiliados a la Seguridad Social, y que Alemania, por ejemplo, no llega al porcentaje del PIB que dedicará España y que Suecia destina el 1,3 por ciento.
También destacó el salto que supone pasar de no dedicarse "nada" a este concepto a pasar al 1 por ciento en siete años y recordó que la mitad del coste del sistema público serán aportados por el Estado y la otra mitad por las comunidades autónomas.
Caldera garantizó, por otra parte, que los enfermos de Alzheimer serán considerados en esta ley como dependientes de tercer grado y agregó que el centro de referencia de Salamanca estará concluido en dos años.
La superficie que ocupará será de 11.000 metros cuadrados, tendrá un presupuesto de 14 millones de euros y capacidad para atender a 120 personas.
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