Qué pasará dentro de dos meses, a partir del 1 de enero de 2007, cuando rumanos y búlgaros sean ciudadanos europeos de pleno derecho es una de las preguntas que está sobre la mesa de todos los socios europeos.
Los gobiernos del Reino Unido e Irlanda ya anunciaban la semana pasada restricciones en el acceso al mercado laboral para los trabajadores del Este de tal manera que los supercualificados tendrán menos trabas que aquellos que tienen menor formación. Entre otras cosas, por la avalancha de trabajadores que llegaron desde la ampliación a estos países, veinte veces más de lo previsto.
España se encuentra en una coyuntura similar. Y más teniendo en cuenta que es uno de los principales destinos de los ciudadanos procedentes de estos países. Es por esto por lo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha mantenido ya una primera reunión con representantes sindicales y de la CEOE para analizar la situación.
El Gobierno se lo piensa
Aún no hay ninguna decisión definitiva, pero De la Vega anunció ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno está estudiando la posibilidad de implantar medidas limitadoras a la libre circulación de los nuevos socios europeos.
«El Gobierno está trabajando en este tema, pero todavía no hay una decisión final», dijo De la Vega, pero lo único que está claro, de momento, es que las restricciones para que rumanos y búlgaros puedan residir y trabajar en España no serán tan duras como las que está decidido a implantar el Reino Unido.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han transmitido al Ejecutivo la conveniencia de que la libre circulación de los nuevos socios europeos se aplace al menos dos años, hasta el 1 de enero de 2009, como ocurrió con Polonia según manifestó Almudena Fontecha, de la UGT.
Los sindicatos entienden que establecer este periodo transitorio «es la decisión más coherente para observar la evolución de los flujos de trabajadores que llegarán a España en el marco de una situación de preferencia respecto al resto de trabajadores no comunitarios. Y, sobre todo, este período permitirá asegurar que los trabajadores que ya tienen autorización en España son tratados efectivamente como ciudadanos comunitarios en el mercado de trabajo».
Además, UGT cree que seguir la evolución es necesario porque para España se crea una situación nueva, ya que es la primera vez que se incorporan a la Unión Europea dos países para quienes somos un destino preferente de los flujos migratorios.
¿Qué implicará este periodo transitorio que proponen los sindicatos a partir del 1 de enero de 2007? Que los que lleguen seguirán necesitando visado, aunque tendrán una situación de preferencia con respecto al resto de trabajadores no comunitarios, mientras que los que vengan sólo a residir lo harán en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano europeo.
Los que ya viven aquí y tienen un permiso de trabajo y residencia, pasarán a ser comunitarios con todos sus derechos y deberes, al igual que sus familiares. Éstas son las condiciones básicas que los sindicatos quieren que se estudien y que se incluya la posibilidad de flexibilizar tal y como contempla el Tratado de Adhesión, la normativa europea y la legislación española.
Ayer, UGT propuso, además, que Rumanía y Bulgaria sean destino preferente para la contratación en sus países de origen de trabajadores que puedan venir a España a trabajar.
El mayor flujo de llegadas de estos países se empezó a experimentar desde 2002. De hecho, el mayor número de inmigrantes que consiguieron papeles ese año fueron rumanos y búlgaros.
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