El secretario general de UGT, Cándido Méndez, abogó hoy por reducir del 21% al 8% la temporalidad laboral en las administraciones públicas en un plazo de tiempo razonable, ya que, según dijo, este sector es "el que ha sufrido un mayor incremento de contratos en precario en los últimos años, y, por lo tanto, el que experimenta una "mayor inestabilidad laboral".
En declaraciones a los periodistas en Granada, donde acudió como invitado a un congreso sobre 'Acción Social y Condiciones de Trabajo para Empleados de las Administraciones Públicas', Méndez aseguró que su sindicato trabaja en este compromiso a través del Estatuto de la Función Pública, que se debatirá el próximo año. Y es que, en su opinión, la idea de que todos los empleados de las administraciones públicas tienen empleo de por vida es una "falsa leyenda urbana".
Además, según indicó, otros de los objetivos que persigue UGT es la instauración de un mecanismo de acceso en el que se tenga en cuenta la experiencia para resolver los problemas de los interinos, sobre todo en sanidad y educación, pero también en otros ámbitos, según subrayó.
Por otra parte, Méndez expresó su convencimiento de que la modernización de las administraciones públicas es "una condición necesaria, que no suficiente", para abordar un mayor desarrollo económico y social. Sólo así, según consideró, se podrá trabajar para lograr otro objetivo, con el que está comprometido el Gobierno central, según dijo, y que consiste en "el cambio de nuestro patrón de crecimiento, de nuestro modelo producto".
En su opinión, este cambio tiene que partir de la mejora en la estabilidad del empleo, de una mejora en la cualificación de la sociedad, y de una mayor dotación en capital tecnológico. Según consideró, la administración pública y sus empleados tienen mucho que decir en estos tres ámbitos, ya que, según apuntó, son quienes nutren el sistema educativo del país, por ejemplo.
Por último, Méndez abogó por realizar un profundo análisis de esta modernización de las administraciones públicas, así como de las condiciones laborales, la seguridad y las posibilidades de promoción que afectan a los dos millones de empleados públicos que hay en España. "Estamos hablando de algo muy importante para UGT y para el desarrollo de la sociedad", aseguró.
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