En España trabajan 2.460.584 empleados públicos, por lo que en la actualidad hay uno por cada 18 habitantes.
Si bien para hacerse una idea del peso de este colectivo en el mercado de trabajo y, en general, en la economía española hay que decir que uno de cada ocho ocupados en España trabaja para alguna de las tres administraciones públicas (estatal, autonómica o municipal), según los últimos datos oficiales del Ministerio de Administraciones Públicas correspondientes a este año.
¿Son muchos o pocos?, pues como todo, depende de con qué se compare. Los empleados del sector público español serían pocos en comparación con Francia que cuenta nada menos que con un funcionario por cada 12 habitantes y suponen el 21% de la población activa (9% de los activos en España).
Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, cuentan con un empleado público por cada 25 habitantes (excluyendo los trabajadores municipales), lo que resulta parecido al ratio español, ya que si se descuentan los empleados de los ayuntamientos, resultaría 23 habitantes por funcionario.
En cualquier caso, lejos de reducirse, el volumen de empleo público en España ha crecido en los últimos años, lo que da al traste con el deseo de frenar el aumento del número de funcionarios, manifestado por los diferentes gobiernos que han ocupado el poder en los últimos diez años.
De hecho, una de las primeras medidas que tomó en 1996 el primer gobierno del Partido Popular fue limitar la creación de empleo público estableciendo que sólo se pudieran reponer una de cada cuatro bajas que se produjeran entre los empleados públicos. A pesar de ello, el volumen de funcionarios pasó de 2,2 millones en 1998 a 2,4 millones en 2004. El actual Gobierno socialista ha levantado estos límites a la contratación pero, de momento, ésta no se ha disparado.
El principal cambio operado en el sector público ha sido el fuerte trasvase de funcionarios de la Administración Central a las autonómicas debido al traspaso de competencias que se ha producido durante estos años.
Así, mientras que en 1998 había un millón de trabajadores en la Administración Central del Estado (administración General, Fuerzas Armadas, Justicia, universidades y Correos) y 677.160 trabajadores de las administraciones autonómicas, en la actualidad los funcionarios de las comunidades suman 1,2 millones y los de la Administración Central se han reducido a 788.990. Los trabajadores de los ayuntamientos ha pasado de 460.054 a 507.139.
En términos generales, se observa que las comunidades que conservan mayor tejido productivo, como Cataluña, Navarra o País Vasco, tienen menos peso del empleo público (uno de cada doce ocupados es funcionario en el caso catalán y uno de cada nueve trabajadores en las otras dos comunidades). En el punto contrario está Extremadura donde uno de cada cuatro ocupados es empleado público. En esta región también se encuentran los ayuntamientos con mayor tasa de temporalidad.
El otro gran cambio experimentado entre los empleados públicos concierne al deterioro de la estabilidad laboral. El empleo público ya no es para toda la vida y bien lo saben el 31,6% de los trabajadores de las administraciones que tiene un contrato temporal, un porcentaje muy similar al del sector privado (34,4%). Se trata de un notable empeoramiento de la calidad del empleo público, ya que hace diez años, los empleados de la administración con contrato eventual no llegaban al 16%, según los datos oficiales.
La administración más perjudicada por esta situación ha sido sin duda la local, ya que, según fuentes sindicales, 'hay muchísimos ayuntamientos españoles que tienen la mitad de su plantilla con un contrato temporal'.
Plaza en propiedad
• De los 2,4 millones de empleados públicos, sólo 1,4 millones son funcionarios con una plaza en propiedad. El resto son personal laboral y otro tipo de empleados. Los Ministerios de Trabajo y de Economía son los que más trabajadores mantienen en plantilla.
Una jornada de 38 horas semanales
Desde que Mariano José de Larra catapultara a la fama literaria la excesiva burocracia estatal en España y la pereza de los empleados públicos con su famoso artículo Vuelva usted mañana, éste sigue siendo a fecha de hoy uno de los tópicos que se usa para definir a los funcionarios.
Un reciente estudio elaborado en el ámbito europeo demuestra, sin embargo, que si bien los empleados públicos sí trabajan menos horas que los empleados del sector privado en todos los países, sus jornadas no son tan cortas.
El pasado año, los funcionarios de Austria, y la mayoría de los países de la ampliación fueron los que más horas trabajaron, con una jornada de 40 horas semanales.
Un segundo grupo de países, entre los que estaba España, se situaron en 38 horas a la semana, por encima de Finlandia y Holanda (36 horas), Francia y Portugal (35 horas) e Italia, cuyos empleados públicos son los que menos horas trabajan en Europa, con una jornada de 32,9 horas a la semana.
Pero la tendencia en este aspecto es la flexibilización horaria, más incluso que la reducción de jornada. Así, en Reino Unido han colocado la conciliación laboral y familiar de sus empleados públicos en un papel protagonista de su agenda política. En algunos ministerios se ha implantado el 'hot desk' (mesa caliente), que consiste en que el empleado público no tiene un escritorio fijo, sino que se sienta en el que encuentra libre, y lleva consigo su propio código para hacer suyo cualquier teléfono u ordenador. Lo que se persigue es que el trabajador se sienta más libre para organizar flexiblemente su jornada sin la mirada vigilante del resto.
En España, el Plan Concilia impulsado por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, establece que la parte flexible de la jornada se amplia a un tercio y la hora límite de salida es las 18.00 horas.
Raquel Pascual
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