El sindicato CCOO-Andalucía ha denunciado que la Administración pública andaluza "impide" la conciliación de la vida laboral y familiar de más de una veintena de sus trabajadores.
En concreto acusa a la Consejería de Justicia y Administración Pública andaluzas de pretender enviar al paro a 22 trabajadores que después de más de diez años pendientes de consolidar su empleo para estabilizar su vida personal, "se ven obligados a marcharse fuera, al no existir plazas en su provincia de origen".
Así, las Federaciones de Administración Pública y Enseñanza de CCOO han acusado a esta Consejería de dejar sin empleo a estos trabajadores, procedentes de una oferta de hace más de diez años para el Grupo II de personal laboral, "que aún siguen pendientes de consolidar plaza, a pesar de ser adjudicatarios definitivos".
En este sentido, la coordinadora del Sector Autonómico de CCOO, Miriam Pinillos, recalcó que no aceptarán que estos profesionales, de los que más del 80% son mujeres, "se encuentren en la tesitura de tener que elegir entre continuar con su vida familiar u optar por su vida profesional, al ser desplazados fuera de su provincia y con escasas o nulas posibilidades de retorno al no existir plazas en sus lugares de origen".
Asimismo, Pinillos denunció "la grave situación que sufren estos trabajadores, ya que en algunos casos las plazas se ofrecen en provincias tan dispares como Almería o Huelva".
Según la responsable sindical, la "excusa" que ha puesto la Administración es que no hay plazas en la provincia de origen, algo que, en opinión de CCOO, "es consecuencia de la política que la Junta de Andalucía viene realizando, en cuanto a amortización, supresión y falta de dotación de las plazas existentes, sobre todo de personal laboral, para privatizar el servicio".
Además, la sindicalista puntualizó que la mayoría de esas plazas pertenecen a servicios con un alto componente social, "ya que se trata, sobre todo, de trabajadores sociales, educadores de personas con discapacidad, educadores especiales y enfermeros que trabajan en centros de mayores o de menores".
CCOO exige así a la Consejería de Justicia y Administración Pública "una solución inmediata que parta del ofrecimiento de plazas en la provincia de los afectados".
El sindicato también insta a la Administración "a acabar con la política privatizadora que viene manteniendo y que, en casos como este, impide la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores".
A esta denuncia pública de CCOO se han sumado, señala el comunicado, otras actuaciones llevadas a cabo por el sindicato, como los escritos dirigidos a la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y al Parlamento andaluz a través de diferentes grupos parlamentarios, "para impedir que se lleve a cabo esta gravísima situación", concluyó Pinillos.
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