El Estatuto del Empleado Público recoge el acoso laboral como falta muy grave, sujeta al despido

El proyecto de ley pasa al Senado con los votos en contra del PP y abstenciones del grupo mixto.

El acoso laboral en las administraciones públicas será considerado una falta muy grave, sujeta a separación del servicio o al despido, según recoge el proyecto de ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado a última hora de este jueves por el Congreso de los Diputados. La norma afectará a 2,5 millones de trabajadores de las tres administraciones. El texto ha pasado al Senado para proseguir su tramitación parlamentaria con abstenciones procedentes del grupo mixto y con los votos en contra del PP, cuyos diputados mantienen que el Gobierno hace dejación de las competencias del Estado en el proyecto elaborado.

Otros cambios introducidos en el documento durante su debate en la Cámara Baja se refieren a la posibilidad de que los empleados públicos se acojan a la jubilación parcial a partir de los 60 años y al establecimiento de dos días de permiso adicional por cada trienio de antigüedad cumplido a partir del sexto. Asimismo, los diputados han dado el visto bueno a que las comunidades y ayuntamientos puedan convocar como plazas fijas las interinas de su ámbito, iniciativa que afectará a unos 300.000 trabajadores de todas las administraciones. El futuro Estatuto también recoge la creación de un nuevo grupo de empleados públicos, denominado con la letra B para los estudiantes de la formación profesional.

Opiniones contrarias

Julio Padilla, del PP, explicó que el rechazo de su grupo obedece a que el Gobierno ha hecho dejadez de las competencias del Estado en pro de los partidos nacionalistas. A su juicio, la ley abandona la cohesión social territorial y establece un sistema de selección de personal "lamentable".

Frente a la postura del PP se escucharon otros juicios favorables, como el de Emilio Olabarría, del PNV, que calificó el proyecto como "una buena ley" o el de Luis Mardones, de CC, que aseguró que el Estatuto moderniza la administración pública. También los diputados de CiU y de ER valoraron el documento.

Modelo homogéneo

La futura norma, cuyo borrador fue suscrito el 13 de junio de 2006, por el Gobierno y los sindicatos del área (CCOO, UGT y CSIF) supone, a juicio del titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la creación de un modelo homogéneo de función pública y un marco básico para todos los empleados públicos, al tiempo que respeta las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos. Otra de sus consecuencias consistirá en unas retribuciones básicas iguales para todos los trabajadores, mientras que las complementarias serán fijadas por cada administración.

Uno de los objetivos primordiales del Estatuto es la reducción de la temporalidad. Según sus autores, la norma también garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad en el acceso al empleo público, busca la profesionalización y articula distintos modelos de carrera y promoción horizontal y vertical. La evaluación del rendimiento será un factor decisivo en la carrera laboral a través de sistemas "objetivos y transparentes", pactados con los sindicatos. Habrá incentivos para los trabajadores que logren buenos resultados.