El número de estos empleados supera los 2,4 millones; la mitad está a cargo de las autonomías y sólo un 2,5% tiene menos de 30 años.
Uno de cada ocho ocupados trabaja para alguna de las tres administraciones públicas, lo que conforma un colectivo profesional que supera los 2,4 millones de personas (260.000 más que en 1998), la mitad de las cuales trabaja para las autonomías. El Estado ha perdido aquí la posición de privilegio que tenia a finales de la década pasada, al pasar de un millón de trabajadores a menos de 700.000, mientras que el número de asalariados a cargo de las arcas de las comunidades ha avanzado desde 677.000 a 1,2 millones.
Estos datos se corresponden con la última estadística oficial disponible en el Ministerio de Administraciones Públicas que, sin embargo, resulta algo incompleta para los ayuntamientos por su generalizada falta de transparencia en materia de personal, ya denunciada en varias ocasiones por el Tribunal de Cuentas. De este modo, se estima que el número de empleados de los municipios españoles ha pasado de los 460.000 de 1998 a cerca de 510.000 en la actualidad. Buena parte corresponden a empresas creadas por los ayuntamientos para vaciar de sus balances parte de la deuda, y cumplir así los requisitos contables del Gobierno y la Comisión Europea.
La radiografía del sector del empleo público muestra que en los Ministerios y órganos afines trabajan unas 250.000 personas (el 50,5% mujeres), poco más que el número de empleados públicos existentes en Cataluña. Eso sí, no todos ellos son funcionarios, pues del total de personas que trabajan para la administración central, regional o local, sólo un 59% goza de esa condición que le asegura estabilidad en su futuro laboral, mientras que casi un tercio (31,6%) tiene un contrato temporal, nivel muy cercano al de la empresa privada. Por tramos de edades, la mayoría (42,4%) tiene entre 40 y 49 años, mientras que apenas el 65% tiene más de 65 y sólo un 2,5% no llega a los 30 años.
Según cálculos oficiosos, en España hay un funcionario por cada 18 habitantes, no muchos si se compara con el dato de Francia (12) pero bastante por encima que Alemania (25). Los últimos dos Gobiernos del PP se plantearon recortar esa plantilla, pero no lo lograron, y ahora el Ejecutivo del PSOE apuesta en el Estatuto del Empleado Público por las jubilaciones anticipadas y voluntarias (más de 7.000 trabajadores con más de 60 años se acogieron a esa posibilidad en 2004). La autonomía donde este colectivo profesional tiene más peso es Extremadura (4 ocupados por cada funcionario), seguida de las dos Castillas y Andalucía (con 6), mientras que en Cataluña (12), Baleares (11 ) y Comunidad Valenciana (10) su proporción es mucho menor.
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