Más que un deseo, la igualdad se ha convertido en una auténtica obsesión para el Gobierno de Zapatero. Sin ningún género de dudas, se trata de uno de los principales caballos de batalla socialista de lo que llevamos de legislatura. Las iniciativas para fomentarla se suceden de forma vertiginosa, con la Ley de Igualdad a la cabeza. Pero hay un ámbito en el que el Ejecutivo ha pinchado en hueso en sus deseos de implantar la igualdad a toda costa: el penitenciario.
El pasado 13 de diciembre, la comisión de Interior del Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por la diputada socialista María Escudero Sánchez a finales de 2005 en la que se insta al Gobierno a unificar las escalas masculina y femenina de funcionarios de prisiones. En la práctica, si el Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aceptan la recomendación -pues lo aprobado no es vinculante-, se acabará con la actual separación de funciones por sexos y las mujeres se podrían hacer cargo de la custodia de presos varones y viceversa.
Oposición frontal
Pero a los únicos que, de momento, seduce tal idea es al Partido Socialista y a sus socios parlamentarios nacionalistas, que, junto con Izquierda Unida, apoyaron el proyecto en la votación. El PP fue la única formación que se opuso a la medida. En el colectivo de funcionarios, la noticia de la aprobación de la medida ha provocado un revuelo extraordinario. Todos los sindicatos del sector, empezando por Acaip y el CSI-CSIF y siguiendo por la misma UGT, se han opuesto en bloque a una medida que tildan, en la más suave de las versiones, de «barbaridad».
Tal medida, coinciden todos en apuntar, sería igual de perjudicial tanto para hombres como para mujeres, aunque estas últimas tendrían, sin duda, más que perder. «La igualdad es muy bonita sobre el papel, pero no en este caso», dice Irene, una funcionaria con una dilatada experiencia en la profesión y que no sabe por dónde empezar su argumentario de objeciones. «El que ha planteado la iniciativa adolece de un absoluto desconocimiento del medio -prosigue-. Hay muchos factores que la hacen inviable». Para empezar, no cree que, en el caso de que se produjese una pelea, fuese posible que una mujer pudiera hacerse con la situación. «Es algo muy paradójico. Ahora mismo, ya andamos escasos de gente. Y si cada vez que haya un problema tenemos que llamar a los compañeros, tendríamos que estirar los efectivos hasta casi lo imposible».
En prisiones como la madrileña de Soto del Real, plantillas confeccionadas para atender a poco más de mil reclusos deben bregar diariamente con casi 2.000. Esta masificación, apunta José Ramón García, del CSI-CSIF, es otro de los puntos débiles de este proyecto. «Si con un sistema penitenciario razonable ya resultaría casi imposible que esto funcionase, que imagine la gente lo que puede pasar con el hacinamiento que tenemos ahora en las prisiones españolas», explica.
La representante de Acaip en la prisión de Sevilla II tiene experiencia más que suficiente para pronosticar lo que, en su opinión, sería un fracaso. «Aquí hay un módulo mixto y ya tenemos muchos problemas. Hay que darse cuenta de que los reclusos son hombres que, en algunos casos, llevan años sin ver a una mujer. Y cuando vamos nosotras, sus miradas provocan situaciones muy incómodas». Ése es uno de los principales miedos de las dos consultadas: la posibilidad de sufrir agresiones sexuales a manos de unos convictos muy violentos en algunos casos.
Pero las funcionarias no piensan que sólo ellas tendrían graves problemas. Temen también que se produjera una verdadera avalancha de falsas denuncias por acoso a internas. «Es fácil que alguna tenga ‘ganas a algún compañero y le denuncie aunque sepa que la cuestión no va a llegar a ningún sitio», explica uno de ellos.
Recogida de firmas
Ahora, la pelota está en el tejado de Interior y de Instituciones Penitenciarias, que tendrán que estudiar si aplican o no la medida. Los sindicatos, por lo que pueda pasar, están preparando medidas de presión. Acaip ha iniciado una campaña de recogida de firmas que «está funcionando muy bien. Todo el mundo se suma a ella, sean hombres o mujeres», explican desde la central, que amenaza con movilizaciones si la cuestión sigue adelante.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron a este periódico que la recién aprobada Ley de Igualdad deja poco margen de maniobra al departamento. «Seguramente, habrá que aplicarla, aunque hay que estudiar la manera de hacerlo para que sea viable y no cause problemas». Para los consultados, «en Cataluña el sistema ya está funcionando y no se ha revelado especialmente conflictivo».
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