Soledad Murillo pide a los empresarios que no teman a la Ley de Igualdad

La secretaria general de Políticas de Igualdad de Oportunidades, Soledad Murillo, pidió ayer a los empresarios "que no teman" a la Ley de Igualdad que se está tramitando, porque sólo persigue corregir las discriminaciones de las mujeres y aumentar la tasa de empleo femenino.

Así lo aseguró Murillo en una rueda de prensa antes de mantener una reunión con el presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Roberto Alonso.

Los empresarios muestran "reticencias" cuando se habla de esta ley, pero "cambian de impresión cuando la conocen a fondo, porque el plan de igualdad no es obligatorio para empresas de menos de 250 trabajadores y en las de mayor tamaño depende de la negociación colectiva y si no hay acuerdo no se aplica y ya está", afirmó Murillo.

De hecho, aseguró que la ley no contempla sanciones ni incentivos para quienes opten por elaborar un plan de igualdad, "porque las empresas deben entender que se trata de un signo distintivo de calidad contar con una herramienta de este tipo".

Sin embargo, la ley si recoge, según explicó Murillo, la posibilidad de que una empresa pueda conmutar una sanción por discriminación por la elaboración de un plan de igualdad.

La secretaria general insistió en que ésta "no es una ley de cuotas" y afirmó que su objetivo es democratizar aspectos como la vida política, donde se pretende que entre el 40% y el 60% de las candidaturas estén formadas por mujeres "porque somos el 51% de la población".

En este sentido, apuntó que la igualdad no debe quedarse sólo en la educación, porque "otras cuestiones, como la propiedad privada, se fijan por ley y no se dejan sólo al ámbito educativo".

Ante las acusaciones del presidente de los empresarios burgaleses de haber elaborado la ley escuchando a UGT y a CCOO pero no al asociacionismo empresarial, "cuando esta ley puede suponer un riesgo para la competitividad", Murillo aseguró que se consultó con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el asunto estuvo sobre la mesa de negociación de la última reforma laboral, aunque admitió que "no se llegó a un acuerdo".

La secretaria de Estado estimó que la ley podría aprobarse el próximo mes de marzo y será objeto de una primera evaluación un año después, aunque el periodo estimado para que se aprecien claramente sus efectos será de cuatro años.