El secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Jose Manuel Sánchez Fornet, reiteró ayer su 'apoyo incondicional' a los 19 expedientados de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) por manifestarse en uniforme y advirtió que, como muestra de solidaridad, su sindicato también pasaría a la clandestinidad si el Gobierno ilegalizara la asociación.
Sánchez Fornet expresó sus dudas sobre las informaciones que apuntan a una ilegalización de la Asociación tras las iniciativas de protesta de los representantes del Cuerpo de la Guardia Civil. 'No creo que el Gobierno llegue a plantearse ilegalizar la AUGC, pero si así fuera, nosotros pasaríamos con ellos a la clandestinidad', aseguró en declaraciones a Europa Press.
Asimismo, consideró que tras la apertura de 16 nuevos expedientes a miembros de la AUGC como medida disciplinaria, la asociación debe plantearse recurrir por la vía judicial antes de llevar a cabo otro tipo de actuaciones. En caso de que los expedientes abiertos deriven en sanción muy grave los guardias pueden ser castigados con pérdida de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio.
'Lo primero que procede en estos casos, desde mi experiencia, es recurrir los expedientes por la vía jurídica a través de los recursos oportunos y, en su caso, llevarlo a los tribunales. La AUGC tiene buenos abogados y además cuenta con nuestra colaboración', afirmó Sánchez Fornet.
DESPUÉS DE RECURRIR, OTRO TIPO DE MEDIDAS
De este modo, el secretario general del sindicato apostó por la 'defensa jurídica' antes de iniciar otro tipo de actuaciones en respuesta a las medidas adoptadas por Interior contra los miembros de la AUGC. 'Después de la vía jurídica, la AUGC podrá tomar las medidas de presión que considere, tales como un manifiesto, plataforma o una nueva manifestación, paralelamente, pero después', indicó.
En todo caso, Sánchez Fornet insistió en que la asociación contará 'siempre' con el apoyo de su sindicato. 'Nosotros estamos muy ligados a la asociación y respaldamos sus reivindicaciones. Por lo que en la medida en la que ellos no avancen, nosotros tampoco. Y un retraso en el ejercicio de su derecho de asociación, también es nuestro retraso', manifestó.
En este contexto, el dirigente del SUP consideró 'excepcionalmente duras' las medidas adoptadas por Interior contra 18 miembros de la Junta Directiva Nacional y delegados provinciales, entre ellos el secretario general, Joan Miquel Perpinya, y el secretario de comunicación, Juan Antonio Delgado -apertura de expediente y suspensión cautelar de funciones durante 90 días-.
Desde su punto de vista, la respuesta de Interior a la manifestación de Madrid, en la que unos 3.000 guardias civiles pidieron avances en la democratización del Cuerpo, es 'una cesión a las presiones de los altos mandos militares' y consideró que el Gobierno se 'equivocaría' si finalmente sometiera a los guardias civiles a un juicio militar.
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