La Comisión Europea dio el visto bueno ayer a la financiación por parte del Estado español del plan de prejubilaciones y de reducción de personal de Radio Televisión Española, al considerar que se ajusta a la legislación comunitaria de ayudas públicas y "permitirá a la nueva RTVE dar un servicio público con una mejor relación coste-eficacia, reduciendo por consiguiente el nivel general de ayuda pública".
"Estoy satisfecha de aprobar la ayuda acordada para unas medidas dirigidas a mejorar la eficacia de un servicio público de radiodifusión y, a fin de cuentas, a ahorrar dinero a los contribuyentes", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a través de un comunicado.
El pasado mes de octubre, la dirección de RTVE y los sindicatos alcanzaron un acuerdo sobre un expediente de regulación de empleo que afecta a 4.150 personas, es decir, el 44% de la plantilla. La principal medida prevista en el ERE es un plan de prejubilaciones para los trabajadores que alcancen los 52 años antes de 2008, que recibirán el 92% del salario hasta los 65 años.
El Estado español financiará las prestaciones de prejubilación que recibirán estos trabajadores, pero Bruselas señala que se ahorrará al mismo tiempo los costes salariales que tendría que pagar a través de la financiación anual que concede a RTVE. El coste global estimado de este régimen de prejubilación y del resto de medidas de reducción de plantilla es de 1.300 millones de euros durante un periodo de 15 años (de 2007 a 2022).
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, explicó que se trata de un caso "excepcional" respecto a la política general de la Unión Europea de reducir el recurso a las prejubilaciones y aumentar la edad de jubilación. "La Comisión ha tenido en cuenta que había demasiados trabajadores para permitir al ente público español operar de manera eficaz. Las autoridades españoles nos han convencido de que era el mejor medio de asegurar la viabilidad a largo plazo del organismo de radiodifusión español", señaló.
La Comisión cree que el plan de prejubilaciones de RTVE incluye una ayuda de Estado, en la medida en que otras empresas tendrán que asumir ellas mismas el coste del régimen de prejubilaciones que apliquen. No obstante, concluyó que esta ayuda pública es compatible con la legislación comunitaria en la medida en que "supondrá una disminución global de la utilización de fondos públicos y es proporcional al objetivo de garantizar que RTVE pueda cumplir su misión de servicio público manteniendo al mismo tiempo su estabilidad financiera".
El Ejecutivo comunitario aprobó el 20 de abril de 2005 el nuevo régimen de financiación de RTVE y cerró el expediente que mantenía abierto contra España por este tema. Los principales compromisos asumidos por el Gobierno español, y que se aplican desde el 1 de enero de 2007, son la supresión de la garantía de Estado ilimitada a favor del ente público y la obligación de pagar el impuesto sobre los beneficios, así como la limitación de la financiación estatal al coste neto del servicio público.
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