La nueva reforma del sistema de la Seguridad Social ha llegado ya al Congreso para su tramitación parlamentaria, mientras los representantes de las asociaciones de prejubilados y pensionistas (Cepyp, Ceoma y UDP) se encuentran entrevistándose con los portavoces parlamentarios a fin de intentar «arañar» más euros para los cerca de 450.000 trabajadores que antes de 2002 se vieron afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), y se vieron obligados a jubilarse de forma anticipada, perdiendo, en su mayoría alrededor del 40% de la pensión que les hubiera correspondido.
El anteproyecto de ley enviado por el Gobierno el pasado 23 de febrero al Congreso de los Diputados, reconoce la situación en que quedaron estos estos pensionistas y propone una mejora que iría de los 54 euros para los que accedieron a la jubilación con 60/61 años; de 36 euros para aquellos que lo hicieron con 62/63 años y de 18 euros para quienes se jubilaron a los 64 años.
Miguel Gortari, representante de Cepyp (Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas) entregó esta semana a los once partidos políticos con representación parlamentaria un escrito en el que se pone de manifiesto que «estas medidas son insuficientes pues no se tiene en cuenta el criterio de proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido por los jubilados anticipados».
El escrito, firmado por los responsables de las tres confederaciones de prejubilados más representativas, recuerda a todos los grupos parlamentarios la proposición no de ley aprobada por unanimidad el 21 de febrero de 2006 por la que el congreso en pleno mandato la «posibilidad de modificar los actuales coeficientes reductores de la cuantía de la pensión de jubilación, en los casos de acceso anticipado a la misma logrando mayor correspondencia entre las aportaciones realizadas y la prestación a recibir».
La subida lineal no es justa
Gortari explica a ABC que el Gobierno y los agentes sociales acordaron, finalmente una «subida lineal» de las pensiones de los jubilados anticipados, sin tener en cuenta coeficientes ni aportaciones, dándose la paradoja de que hay quienes han cotizado más años (incluso los 35 exigidos para percibir una pensión) y reciben una pensión inferior a la de otros que han cotizado menos años.
Para cubrir este gasto adicional de la Seguridad Social, el Gobierno ha destinado para esta mejora 360 millones de euros, ya que la intención del Ejecutivo es que una vez sea aprobada la reforma por el Parlamento, pagar a estos pensionistas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2007.
Los mayores, discriminados
Gortari lamentó que en España existen cinco millones de pensiones por debajo del Salario Mínimo (SMI), que alcanza este año los 570 euros mensuales. Además apuntó a que el 82% del gasto de los presupuestos de la Seguridad Social está destinado al pago de las pensiones contributivas, mientras que no se sabe a dónde va a parar el 18% restante. También criticó que en toda España existe tan sólo una cátedra dedicada a geriatría, mientras que cada año se licencian 30 médicos geriatras, cifra insuficiente para cubrir las necesidades de este colectivo de la población. Mucho más si se tiene en cuenta las objetivos de la nueva Ley de Dependencia, y que no exista ningún trabajador mayor de 65 años en algún cargo o institución pública, cuando «estamos en lo mejor de la edad».
Por último, la Seguridad Social ingresó por cotizaciones sociales un total de 95.252,73 millones de euros en 2006, lo que representa un 8,7% más respecto a lo recaudado en 2005, según datos de este organismo
MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO
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