El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decretado la suspensión cautelar del proceso de consolidación del personal de Sacyl, abierto a través de dos procedimientos, iniciados en el verano pasado, que afectan a más de 250 facultativos de los Equipos de Atención Primaria y a once enfermeros de los servicios territoriales de Salud. Las sentencias dictadas a raíz del recurso contencioso administrativo interpuesto por un particular afectado estiman que baremo fijado por la administración sanitaria no se ajusta a las necesarias condiciones de igualdad de acceso a la función pública y estima, además, que se cometen graves errores como la no inclusión de la formación especializada, vía MIR, en la puntuación de los aspirantes.
En León, esta suspensión decretada en un auto de medidas cautelares afecta a más de 70 profesionales de los centros de salud pero pone en jaque también todo el proceso de reestructuración de los equipos que se iba a realizar una vez salvada la inestabilidad laboral por el transcurso de más de un década sin convocatoria de oposiciones.
El proceso extraordinario de consolidación afecta a lo que se denomina «postransitorios», es decir, a aquel personal que era interino en diciembre de 2002 y que no estaba incluido en la Transitoria cuarta, un proceso similar emprendido con los trabajadores eventuales anteriores a la década de los noventa. Por ello, los aspirantes a este proceso acumulan en algunos casos más de tres lustros de experiencia en la administración sanitaria.
Gravedad
Antonio Domingo Bodelón, responsable de la Federación de Servicios de UGT en Castilla y León, estima que la sentencia es «importantísima» y abre una situación «muy grave». «Mucho nos tememos que se repita el mismo proceso abierto con la Transitoria Cuarta», que demoró la solución judicial más de una década. Por ello, el sindicato ha abierto ya una ronda de conversaciones con el resto de las centrales sindicales para intentar abrir una vía de solución. «No es momento de luchas sindicales sino de buscar entre todos una salida viable a todo el proceso», explica Bodelón.
El médico leonés lamenta también que los representantes laborales no hayan tenido conocimiento de la medida judicial hasta mucho después de ser dictada, lo que ha impedido actuar durante semanas.
El auto judicial de suspensión del proceso fue comunicado a la Junta de Castilla y León, a la Dirección General de Función Pública, el pasado mes de enero. La administración recurrió mediante un recurso de súplica que fue desestimado, por la misma sala el pasado 2 de marzo abundando los magistrados en la idea de la valoración desproporcionada del trabajo en el puesto objeto de oposición.
La administración no comunicó a los sindicatos la paralización del proceso hasta no tener en sus manos la segunda resolución del magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.