El Proyecto de Ley del Estatuto del Empleado Público no cambia ninguna de las normas sobre los métodos de control, intervención y gestión de los ayuntamientos. En concreto, en cuanto al nombramiento de los secretarios e interventores de los entes locales, el texto mantiene la actual regulación de Ley de Grandes Ciudades, aprobada en 2003.
Ante los intentos de algunos colectivos minoritarios de "deformar el contenido y los objetivos" del Estatuto Básico del Empleado Público, el Ministerio de Administraciones Públicas se ha visto obligado a realizar determinadas precisiones en relación al citado texto. El Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no modifica ninguna de las normas existentes sobre los métodos de control, intervención y gestión de los ayuntamientos.
En este sentido, los nombramiento de los secretarios e interventores de las corporaciones locales, continuarán rigiéndose por la actual regulación de Ley de Grandes Ciudades, aprobada en 2003. Por su parte, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado una enmienda por la que se limita a los grandes ayuntamientos y diputaciones la posibilidad de nombramiento por libre designación en estos puestos, y como en todos los casos, entre funcionarios que hayan ganado su plaza por oposición.
El Ministerio cree que esta regulación no ha influido en ninguno de los casos de corrupción que, desgraciadamente, se han producido en los últimos años. Sin embargo, este Departamento sí ha impulsado medidas para introducir más transparencia y más dificultades para la corrupción en normas como la Ley del Suelo.
El Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido negociado y debatido durante los dos últimos años con todos los interesados. El texto supone la primera regulación homogénea de la función pública en España, sin atender a intereses corporativos. Nada hay en el texto que se refiera a los mecanismos de control de las administraciones, que se recogen en otras normas, por lo que el Ministerio considera que cualquier acusación en ese sentido es falsa y está motivada por intereses corporativistas.
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