La ley reconoce a los funcionarios hasta 24 motivos para cogerse días libres

Por cambiar de domicilio, por acudir a clases de preparación del parto, por lactancia, por enfermedad de un familiar, por ser madre, por ser padre, por tener que cumplir "un deber inexcusable de carácter público o privado", por tener exámenes o pruebas de aptitud…

El inminente Estatuto Básico del Empleado Público, que ha sido aprobado hoy por el Congreso de los Diputados, reconoce a los trabajadores de la Administración hasta 24 situaciones diferentes en las que podrán cogerse días libres.

Muchas de ellas corresponden a beneficios que tienen reconocidos todos los empleados a través del Estatuto de los Trabajadores (ET), pero también hay otras como los permisos por deberes relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, la reducción retribuida de jornada durante un mes en caso de enfermedad grave de un familiar o el permiso para la realización de exámenes y pruebas de aptitud que serán exclusivas de los trabajadores de la Administración.

En realidad, el nuevo Estatuto viene a consolidar el propósito que se planteó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, cuando llegó al cargo: que las condiciones laborales de los funcionarios marquen el rumbo de hacia dónde deben caminar las de los asalariados del sector privado.

Más días libres

En este sentido, también se mejoran buena parte de los beneficios sociales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Si los empleados del sector privado tienen entre dos y cuatro días por operación, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, los funcionarios disponen de entre 3 y 5 días en funcion de si hay o no desplazamiento.

Si el ET prevé una hora de libranza diaria cuando por nacimiento prematuro o cualquier otra contingencia un hijo esté ingresado tras el parto, a los empleados de la Administración se les reconocen dos horas, que, además, pueden ser ajustadas con mucha mayor flexibilidad.

Los trabajadores del sector público disfrutarán además de seis días -ampliables en otros dos más por las comunidades autónomas- de asuntos propios, por los dos días que tienen el resto.

Más derechos

El Estatuto traerá más derechos individuales a los empleados de la Administración, pero también más derechos colectivos. Treinta años después los trabajadores del sector público verán reconocido por fin su derecho a que sus retribuciones y sus condiciones laborales se fijen, como ocurre con el resto de los trabajadores, en una negociación de igual a igual entre los representantes de éstos y la Administración.

Otro derecho que reconocerá el Estatuto a los 2,5 millones de empleados públicos -funcionarios, interinos y personal laboral- que hay en España entre Estado, administración autonómica y poderes locales será la carrera profesional.

Un trabajador público no tendrá nunca más problemas para ascender dentro de su escala o cuerpo, es más, será la propia Administración la que garantice ese derecho. Como también deberá garantizar el derecho a la formación y a la igualdad, que deberá ser respetada incluso en los concursos oposición de acceso a la condición de funcionario.

También hay obligaciones

Pero el Estatuto del Empleado Público también prevé un nuevo catálogo de deberes a cumplir. Éstos se garantizarán mediante diferentes mecanismos de evaluación, que serán utilizados luego para determinar los complementos retributivos por productividad y desempeño y para decidir las promociones profesionales.

No sólo eso, una evalución especialmente negativa de un funcionario podrá terminar incluso en la pérdida del puesto y de las retribuciones asociadas al mismo. Eso sí, nunca podrá implicar la pérdida de la condición de funcionario ni de la categoría profesional asignada.

Otra de las grandes novedades será la creación del 'personal directivo', una suerte de elite de empleados públicos constituida por los que tienen responsabilidades de dirección. Éstos negociarán sus condiciones laborales y salariales al margen de la negociación colectiva y serás escogidos según los principios de mérito y capacidad.

En principio se iba a reservar el acceso a esta clase dirigente a los funcionarios de carrera, pero el texto definitivo abrirá esta posibilidad a directivos externos, es decir, que no hayan opositado. El objetivo es darse la opción de contratar fuera los perfiles que no se hallen en casa.