El pleno del Congreso aprobó ayer definitivamente, con la aprobación de enmiendas procedentes del Senado, el proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que regulará las condiciones laborales de 2,5 millones de funcionarios y empleados de las Administraciones Públicas.
El proyecto de ley contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se reunirá con los interlocutores sociales el próximo 17 de abril para abordar el desarrollo de este Estatuto, al que calificó como "una herramienta esencial para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos".
A partir de ahora, afirmó Sevilla en declaraciones en el Congreso, las Administraciones "serán más ágiles, flexibles y capaces de dar respuestas a los ciudadanos" ya que se establecen los derechos y deberes de los 2,5 millones de empleados públicos, tanto de la Administración Central como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El Estatuto fija unas normas y derechos básicos para todos los empleados públicos, como el derecho a la negociación colectiva, una nueva estructura retributiva (ligada a la productividad y los rendimientos), nuevos modelos de promoción profesional, mejora las normas de acceso y la formación, e incluye medidas para reducir la temporalidad.
Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración. Además, se crea la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión.
También se cambian las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos, ya que a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.
Reacciones de los partidos
El diputado del Grupo Popular Juan Carlos Guerra lamentó que de las 120 enmiendas presentadas por el PP no se haya admitido ninguna y avanzó que la falta de acuerdo obligará al Grupo Popular a promover modificaciones a este proyecto en unos meses.
Para el Grupo Popular la legislación básica "debe de ser de carácter estatal" y debe establecer bases comunes para los funcionarios en el ámbito de todas las administraciones públicas, pero en este caso no aborda la situación ni "particularidades" de los funcionarios de la administración local.
No obstante, consideró positivos aspectos de la ley referidos a los permisos de paternidad, a la jornada parcial o a cuestiones relativas a emolumentos.
La diputada socialista Elisenda Malaret consideró que el nuevo Estatuto supone una reforma "histórica" de la función pública y valoró que, además de afectar tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos, ha contado con el respaldo parlamentario de todos los grupos a excepción del Grupo Popular.
La portavoz de IU en este debate, Isaura Navarro, consideró "imprescindible" la ley para tener una Administración Pública ágil y profesional, aunque, rechazó la creación de la figura del personal directivo porque IU considera "un grave error" crear una figura propia de la empresa privada "que no se selecciona bajo el principio de igualdad".
El diputado de ERC Jordi Ramón destacó por su parte la cláusula competencial que marca muy claramente que en Catalunya esta ley no podrá regularizar todas las competencias que en materia de función pública otorga el Estatuto catalán.
Para Emilio Olavarría, del PNV, la ley "reconoce" la competencia de las comunidades autónomas tanto en su dimensión foral como en la autonómica y el diputado de CiU, Jordi Jané, afirmó que es la primera ley que reconoce los derechos históricos que recoge el Estatuto de Cataluña.
El diputado del Grupo Mixto, Francisco Rodríguez (BNG), destacó la conciliación de la vida familiar y laboral que contempla la ley, mientras que el portavoz de CC, Luis Mardones, subrayó los aspectos referidos al personal directivo profesional y a las especificaciones de los derechos y deberes de los funcionarios.
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