La sentencia, difundida por Izquierda Unida. obliga a que se retrotraiga el procedimiento de selección de la plaza, convocada en diciembre del 2000, al 18 de junio del 2001, cuando se constituyó el tribunal y solicitó la asesoría de un psicólogo, con voz pero sin voto, «que se incorporó sin que mediara designación por autoridad competente ni se publicara en el BOP, como es preceptivo con todos los miembros del tribunal».
La resolución no afecta al primer ejercicio, que podía realizarse sin asesor en el tribunal, pero sí a su lectura y su calificación y a los actos sucesivos, al ser todos posteriores a la designación de éste y depender eventualmente de su intervención.
El decreto de presidencia que daba cuenta del fallo judicial acordó reconstituir el tribunal para el 28 de marzo y que éste fije el lugar y fecha de lectura del primer ejercicio. Según la diputada Laura Rivera, las consecuencias de la ilegalidad administrativa, que llegan después de siete años, suponen un perjuicio importante para los opositores que optaron a la plaza de psicólogo, con el agravante de que cambian tres miembros del tribunal. «¿Qué sucedería si la persona seleccionada en el año 2001 no coincide con la de ahora?», se pregunta Rivera.
IU solicitará información sobre la marcha del proceso selectivo reiniciado y exigirá que se convoque a todos los opositores del año 2000 «para garantizar su derecho a un proceso legal que entonces no tuvieron». Según recalca Rivera, «una vez más los procedimientos administrativos no ajustados a la ley ponen en entredicho el funcionamiento de la Diputación y causan un perjuicio a los ciudadanos».
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