Los contratos temporales en la Administración General del Estado (AGE) han caído al 7,6%, cuatro décimas por debajo de lo pactado en septiembre de 2004 entre el Gobierno y las centrales mayoritarias del área CCOO, UGT y CSIF. Esta reducción forma parte de los 18 compromisos cumplidos por la AGE, de un total de 23 adquiridos. Otras reformas, como la jornada laboral de 35 horas semanales, tendrán que esperar a la próxima legislatura.
El balance de los cambios aplicados y de las cuestiones pendientes fue presentado este martes por el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras mantener una reunión con responsables de los tres sindicatos. El ministro también adelantó que en junio el Gobierno aprobará un decreto con la regulación del tele trabajo. "Es una figura claramente de futuro, que contará con un amplio respaldo", dijo.
Sevilla recordó que el Estatuto del Empleado Público (aprobado por el Parlamento con la oposición del PP) entrará en vigor el 14 de mayo. Al tratarse de una ley básica, que cubre a 2,5 millones de trabajadores, necesitará desarrollos posteriores. Para ello, el Ministerio y los sindicatos han creado un grupo de trabajo. Una vez elaborados los reglamentos necesarios, cada administración (General y autonómicas) abrirá negociaciones específicas en su ámbito para cerrar determinadas medidas dentro de un estatuto propio.
Entre las cuestiones a debatir estará la posibilidad de reducir la jornada ordinaria (37h. 30m.) a las 35 horas. La iniciativa pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, pero dadas las actuales fechas no parece posible que los estatutos específicos se elaboren en la presente legislatura, es decir, todo indica que la implantación de un horario más reducido tendrá que esperar. No obstante, fuentes del Ministerio apuntaron que las comunidades pueden comenzar a dar los pasos que crean oportunos.
Ayuntamientos y Extremadura
Por lo que respecta a la temporalidad, la inestabilidad se encuentra disparada en las administraciones locales, donde se sitúa en torno al 35%. Con el Estatuto Básico, los ayuntamientos tendrán que disminuir esa eventualidad en más de 20 puntos.
Sevilla rehusó desvelar la tasa de temporalidad de las comunidades. "Es preciso tener en cuenta que este tipo de empleo depende de muchos sectores" y se limitó a contestar que "en general es muy elevada". Un portavoz sindical apuntó que la mayor eventualidad se registra en Extremadura, donde se acerca al 90%. "Esto se debe al sistema de empleo público que desde el Plan de Empleo Rural ha venido imperando en la zona", añadió.
Carmen Barrera, de UGT, explicó que el Estatuto Básico recoge también medidas que no requieren desarrollo reglamentario y, por lo tanto, comenzarán a aplicarse el próximo día 14. Entre ellas figura el derecho del personal interino a cobrar trienios. "Este cambio acerca el coste de los contratos temporales al de los indefinidos. En consecuencia, pensamos que servirá para reducir la inestabilidad laboral", señaló.
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