Asegura que se ha quedado corto y podría dar lugar a una "fragmentación" de la legislación de la función pública
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores del Estado y de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que aglutina a unos 10.000 funcionarios, considera que el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado recientemente en el Congreso, podría suponer la "desprofesionalización" de la Administración, ya que permite a su personal laboral el ejercicio de potestades públicas propias de los funcionarios.
En un desayuno informativo, el presidente de la asociación, Gerardo Sánchez Revenga, concretó que, a partir de unas enmiendas presentadas durante el trámite parlamentario por CiU y PNV y aceptadas por el Gobierno, se modificaron los artículos 9 y 13 del Estatuto y, así, se eliminó la exclusividad de los funcionarios para desempeñar estas potestades públicas, como indicaba el texto original.
Además, la organización consideró aún más grave la supresión de esta misma "filosofía" en la exposición de motivos del texto durante el mismo trámite.
En esta situación, Fedeca considera que estos empleados públicos no cumplirán con los requisitos de "cualificación", "independencia" y "estabilidad" con los que cuentan los funcionarios, lo que supondrá un grave perjuicio para los ciudadanos.
La organización señala, además, que "no se ha respetado el modelo constitucional de la Administraciones", pues el mandato constitucional obliga a regular el estatuto de los funcionarios públicos, pero en ningún momento contempla incluir en él al personal laboral.
Por ello, Sánchez Revenga aseguró que "habrá que valorar" si Fedeca presenta un recurso de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo, dado que ya no caben más enmiendas en el texto, y una vez que esta "gran preocupación" ya fue expuesta directamente al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en sendas reuniones.
Por otra parte, la asociación asegura que el amplio margen de libertad otorgado a las comunidades autónomas a la hora de desarrollar en sus territorios el Estatuto del Empleado Público, puede dar lugar a una "fragmentación de la legislación" en forma de hasta 18 modelos diferentes de función pública. En esta situación, por ejemplo, sería difícil llevar a cabo una movilidad real de los funcionarios, según señalaron.
Por otro lado, Sánchez Revenga aseguró que el Estatuto es "tan básico" que será necesario promulgar con la máxima celeridad los decretos relativos al personal directivo y la evaluación del desempeño, así como la configuración del modelo de función pública de la Administración General del Estado (AGE), para que sirvan de pauta a las Leyes de Función Pública de las comunidades.
OTRAS INCERTIDUMBRES.
Por otro lado, Fedeca calificó estos tres aspectos preferentes de "incertidumbres", por lo que instó al Gobierno a que se le tenga en cuento a la hora de desarrollar cada uno de ellos.
"Nos sentimos capacitados para desarrollar estas normas", aseguró Sánchez Revenga antes desvelar que el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha contactado con cuatro consultorías.
En este punto, el presidente de Fedeca aseguró que la evaluación de desempeño "se tendría que hacer con gente de dentro", ya que "cada uno entiende de su ámbito". Si bien, aseguró que actualmente ya se está haciendo esta evaluación mediante las retribuciones derivadas de la productividad por objetivo.
Pese a todas estas críticas, Fedeca reconoce "puntos fuertes" en el Estatuto del Empleado Público como el reconocimiento de la "inamovilidad" en la condición de funcionario, la articulación de una carrera horizontal, la garantía de los derechos retributivos ya existentes y el restablecimiento de un sistema de categorías a efecto de retribución y carrera profesional.
NUEVA REGULACIÓN DE LAS ELECCIONES SINDICALES.
Por otro lado, desde Fedeca se pidió un cambio en la regulación de las elecciones sindicales en el seno de la Administración con el fin de "corregir" la situación de desequilibrio que se da en la actualidad a favor de los sindicatos mayoritarios (UGT, CC.OO. y CSI-CSIF).
La asociación de funcionarios, que concurrió el pasado mes de marzo a sus primeros comicios sindicales, lamenta que los sindicatos mayoritarios les consideren directivos y no un sindicato más. Por ello, aseguran, les están "friendo a impugnaciones", después de haber alcanzado entre un 15% y un 18% de representatividad.
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