El cumplimiento de trámites derivados de la aplicación de normas públicas obliga a las empresas a dedicar mucho tiempo y recursos económicos. El alto coste de estos procedimientos es una crítica tradicional de las patronales en toda Europa. La Comisión Europea recogió el guante en marzo y anunció su intención de reducir en un 25% las cargas administrativas que soportan las empresas por la aplicación de normas comunitarias. Ayer, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, asumió un compromiso similar para España: rebajar un 25% el coste para las empresas derivado de la burocracia antes de 2012.
Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno hará primero una evaluación de las cargas que originan la aplicación de normas de la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Una evaluación para la que el Gobierno contará con la colaboración de las cámaras de comercio. Con esos datos, promoverá en 2008 planes de trabajo con todas las administraciones para reducir los trámites. Sevilla realizó este anuncio en un acto del Círculo de Empresarios, que calcula que el coste de los trámites burocráticos es equivalente al 7% del producto de las empresas españolas, frente al 3,5% en Suecia o al 2% en Finlandia.
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