La Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción y una sanción a Delphi por incumplimiento del artículo 4.2 del Estatuto General de los Trabajadores debido a la omisión de la obligación de dar una ocupación efectiva a los trabajadores. Este organismo, dirigido por Josefina Galindo y dependiente del Ministerio de Trabajo, entiende que la empresa no ha respetado este derecho de los trabajadores tras una inspección realizada el pasado lunes en la factoría. En esta labor de supervisión, la inspectora jefa recabó informes de los jefes de operaciones de las diferentes plantas y concluyó que la actividad de los empleados era inferior a la considerada acorde a su capacidad y aptitud, por lo que supone una «modificación sustancial en las condiciones de trabajo que redunda en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad», según considera la jurisprudencia española conforme al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Ahora, siguiendo el procedimiento abierto, la Inspección de Trabajo remitirá el acta de infracción a la Delegación Provincial de Empleo como autoridad laboral competente junto a una propuesta de sanción que deberá ser aprobada o rechazada por la Junta de Andalucía. Según explicaron fuentes laborales, si la multa supera los 30.000 euros deberá ser el consejero de Empleo el que resuelva la propuesta, y sobre la posibilidad de que el expediente prospere, apuntaron que «casi siempre se asume». Las mismas apuntaron que la actuación de la Inspección forma parte de su funcionamiento habitual de vigilancia y control de la actividad empresarial, sobre todo, como es en este caso, si viene precedida «de una serie de denuncias». «La Inspección trabaja y Delphi no va a ser menos», según concluyeron. Contra esta notificación de infracción, la empresa de Puerto Real podrá interponer un recurso de reposición ante la misma Administración y en caso de no estar conforme con esta segunda resolución, cabe un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Mientras tanto, el proceso concursal continúa su camino. Hoy llegan a las instalaciones de la factoría los dos administradores nombrados por la titular del juzgado de lo Mercantil, el abogado Adalberto Cañadas y la empresa Price Waterhouse Coopers. Éstas disponen de dos meses para elaborar un informe económico para conocer las necesidades de la empresa y evaluar tanto su situación actual como sus posibilidades de actividad en el futuro. Los administradores también se reunirán con el comité de empresa.
Próxima semana
Los próximos días 2 y 3, en sesión plenaria del Parlamento andaluz tendrá lugar el debate acumulado de las comparecencias del Consejo de Gobierno propuestas por PSOE, PP e IU en relación a la crisis de la planta puertorrealeña, que también protagonizará la sesión de control al Gobierno, ya que la presidenta del grupo popular, Teófila Martínez, y la portavoz de IU, Concha Caballero, preguntarán al presidente de la Junta, Manuel Chaves, por este asunto.
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