Unos pocos se lo guisan y ellos mismos se lo comen. Así funciona el servicio de salud catalán en Tarragona, según la denuncia presentada ante la Fiscalía de esta provincia por Comisiones Obreras, tal y como informó este diario la semana pasada. Según este documento, importantes cargos del Departament de Salut han beneficiado con contratos de servicios a sus propias empresas privadas incurriendo en presuntas faltas graves de incompatibilidades con sus cargos. En la picota se encuentra el gerente de la empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), Lluis Bachs Cases, que ya tiene en su haber una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción admitida a trámite por malas prácticas en el ejercicio de su cargo.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, “existen conductas y actuaciones no respetuosas con la legalidad por parte de funcionarios del Departament”. Todo se desató cuando Jordi Grifoll Llorens, coordinador informático de Atención Primaria desde el 1 de enero de 1996, constituyó en abril de 2004 la empresa privada Critics cuyo objeto social es el comercio de material informático.
Un año después, en mayo de 2005, suscribe un contrato con GiPSS de la mano del mencionado Bachs Cases y consigue encargarse del Plan Informático del Hospital Universitari de Tarragona. Asimismo, su hermano, Jaume Grifoll Llorens, es empleado del servicio catalán de salud como jefe de la unidad de compras del servicio y control de la gestión de la región sanitaria de Tarragona y atendiendo a dicho puesto “mantiene una relación directa con la empresa pública GiPSS”, apuntan en el sindicato. Otro funcionario, Ricardo José Díez Liesa, responsable de laboratorios del Instituto Catalán de Salud es también socio de Critics y a la par miembro del consejo de GiPSS.
El quinto en la trama y “profesor del resto de empresarios implicados” es Cristóbal Cañete Ordóñez, empleado desde 1987 del Servicio de la Administración del Área de Gestión número 2 de Tarragona. Cañete Ordóñez tiene responsabilidades en empresas privadas con socios que a la vez son directivos de la compañía pública GiPSS. Una de estas empresas es Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, donde uno de sus socios, José Ignacio Pascual Moron, es miembro del consejo de GiPSS y a su vez responsable en Atención Primaria de Tarragona. Además, fue quien autorizó la contratación de los servicios informáticos de Critics.
Otra de las empresas a la que está vinculado Cañete Ordóñez es Academia de Ciencias Empresariales. Aquí, el administrador único de esta compañía es el hijo del citado Díez Liesa, que a su vez es vicesecretario no consejero de GiPSS y que asesora por su cuenta a Critics.
El escándalo apunta muy arriba
El contrato de Critics con la Administración sanitaria catalana a través de GiPSS gracias a la complacencia de estos funcionarios públicos no es poca cosa, pues se trata de las tareas de mantenimiento, consultoría y desarrollo informático de centros sanitarios tarraconenses tales como el Hospital Universitari. Según miembros de CCOO, “es una manera de privatizar dinero público”.
Por otra parte, como ya publicara El Confidencial el pasado martes (ver noticia), se entiende que el Govern estaba al tanto de las irregularidades de GiPSS y no sólo de los problemas laborales internos, sino de esta presunta malversación de fondos. Todo ello, porque Lluis Bachs Cases, gerente de GiPSS, fue designado directamente desde la Consejería de Sanidad catalana, dirigida por la socialista Marina Geli. Además, durante el primer Tripartito, el vicepresidente de la empresa pública fue Josep Maria Sabaté, actual ‘número dos’ de la consellera.
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