El Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las condiciones laborales de 2,5 millones de funcionarios y personal laboral de la Administración, entra en vigor este lunes.
A partir de ahora los empleados públicos de las tres administraciones (General, autonómica y local) tienen reconocidos derechos con los que hasta ahora no contaban, como es el caso de la negociación colectiva.
Además, el Estatuto fija una nueva estructura retributiva (ligada a la productividad y los rendimientos), nuevos modelos de formación profesional, mejora las normas de acceso y la formación, e incluye medidas para reducir la temporalidad.
Las retribuciones básicas serán iguales para las tres administraciones, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada una de ellas.
Otra novedad es que se crea la figura del personal directivo, quien se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión.
En cuanto a las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos, a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.
El Estatuto fue respaldado en su tramitación parlamentaria por todos los grupos, excepto por el Partido Popular.
Para el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el Estatuto es una 'herramienta esencial para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos'.
Por ello, una vez que esté en vigor las Administraciones serán 'más ágiles, más flexibles y capaces de dar respuesta a los ciudadanos, según Sevilla.
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