El Estatuto Básico de la Función Pública, texto que regula los derechos y deberes de los 2,5 millones de empleados públicos, entra en vigor hoy, 14 de mayo, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace un mes.
Esta ley, fruto del diálogo social en las administraciones públicas, contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. Asimismo, regulará la carrera profesional, incluirá un código de conducta y reconocerá el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Como norma de carácter básica, sus contenidos afectan a los funcionarios de las tres administraciones -la central, la autonómica y la local-, si bien cada administración tendrá ahora que dictar su propia ley para desarrollar el Estatuto.
De hecho, no entrarán en vigor todos los contenidos del Estatuto, pues algunas de sus materias, principalmente los aspectos retributivos y la estructura y ordenación del personal, no serán de aplicación hasta que cada comunidad autónoma elabore su propia norma.
Hasta que se establezcan las leyes de Función Pública oportunas y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, siempre que no sean contrarias al Estatuto.
El Estatuto recoge por primera vez condiciones laborales homogéneas para los empleados públicos, desde el respeto a las competencias de cada comunidad autónoma.
El texto contempla un nuevo sistema de acceso a la Función Pública e incluye mecanismos de evaluación del desempeño profesional y un sistema retributivo que establece que las pagas extraordinarias tendrán el mismo valor que el salario mensual.
La norma, un mandato constitucional que llevaba 28 años pendiente, fortalece los principios constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y supone un paso más para modernizar las Administraciones Públicas.
PARA ZAPATERO, UN "HITO HISTÓRICO"
El Estatuto de la Función Pública, ley que el ministro de Administraciones Públicas (MAP), Jordi Sevilla, ha calificado como el proyecto "estrella" de su Departamento en esta legislatura, es resultado del acuerdo alcanzado entre este Ministerio y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF.
El 13 de junio de 2006, en el Palacio de La Moncloa y ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el MAP y los sindicatos firmaban el acuerdo que daba origen a esta ley. En aquel acto, Zapatero tachó de "hito histórico" la consecución de este Estatuto, tras casi tres décadas sin desarrollarse pese a ser mandato expreso de la Constitución española.
El pasado 29 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobaba la norma, con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios, excepto del PP, que considera que el Estatuto "desdibujará las notas comunes de un modelo básico de la Función Pública en España y dará lugar a 17 modelos distintos", uno por cada comunidad autónoma.
Por su parte, el ministro Sevilla cree que esta norma "dignificará" las administraciones públicas y a sus empleados, cuyo trabajo no siempre es reconocido socialmente. Ése es el principal objetivo del Estatuto, según reconocía hace unos días el titular del MAP.
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