El Defensor del Pueblo considera que la transferencia de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas y el mantenimiento de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo en el servicio público de empleo estatal (antiguo Inem) han planteado "problemas de descoordinación" entre la oficina de empleo estatal y las autonómicas.
En el informe de 2006, que el propio Enrique Múgica entregó ayer en el Congreso, el Defensor del Pueblo señala que no se proporciona "suficiente información" a los ciudadanos que solicitan la prestación por desempleo, entre otras cosas, porque no se les advierte de que la mera inscripción como demandante de empleo no presupone la solicitud de la prestación correspondiente.
En otros casos, alega, tampoco se les informa de que deben entregar un documento de renovación de la demanda de empleo. Ambas cuestiones, dice el Defensor del Pueblo, suponen en la práctica "graves perjuicios" a los desempleados.
Por este motivo, el Defensor del Pueblo pide al Inem que habilite "sistemas de coordinación con los servicios regionales de empleo" y le sugiere que requiera la firma de los solicitantes de las prestaciones cuando se les haga entrega de la demanda de empleo o se les propocione información sobre la necesidad de instar las prestaciones ante las oficinas de empleo estatales.
El Defensor expone que en su informe que, desde que comenzó su andadura, son "numerosas" las quejas en las que se denuncia la tardanza en el reconocimiento de las prestaciones o de los subsidios por desempleo ante la "escasez de recursos humanos disponibles" en las oficinas.
Por ello, formuló una recomendación al Ministerio de Trabajo, ya aceptada, en la que se emplazaba al Inem a crear a la mayor brevedad posible una bolsa de trabajo dentro de la propia oficina para cubrir las bajas temporales de los funcionarios del servicio público de empleo estatal.
En el ámbito de la Seguridad Social, el Defensor apunta algunas de las quejas recibidas por su institución. Dice que le han llegado denuncias sobre la revalorización de las pensiones, sobre la atención médica dispensada por las mutuas de accidente en los casos de incapacidad temporal, y sobre la cuantía de las pensiones de jubilación en los supuestos de retiro anticipado, entre otras.
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