Prohibido trabajar más de 48 horas a la semana. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quiere introducir, sin fisuras, esta nueva señal viaria en el mercado laboral. El objetivo es homogeneizar la jornada de trabajo de las plantillas de las compañías e impedir a los trabajadores sobrepasar este umbral, a pesar de que hayan alcanzado un acuerdo privado con su empleador.
Recientemente, el ministro del ramo señaló, en el marco del congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado en Sevilla, “que se opondrá a los intentos de perpetuar las excepciones que permiten trabajar más horas por acuerdos individuales”, una máxima que, según las fuentes sindicales consultadas por EXPANSIÓN, está ahora “en estudio” y “responde a una promesa sindical que lleva a sus espaldas años de negociación”. Sin embargo, las mismas fuentes señalan la “preocupación” de que la futura directiva europea sobre el tiempo de trabajo pueda dar al traste con esta aspiración.
El origen del cambio
El tiempo máximo de trabajo en la UE está regulado por una norma europea de 1993, modificada diez años después, que contempla como excepción a la jornada máxima laboral –en España fijada en las 40 horas semanales– la posibilidad de que los empleados puedan aceptar jornadas medias superiores a las 60 horas.
Esta cláusula, que respalda la libertad de elegir la bolsa de horas trabajadas –fenómeno conocido como opt out en los países anglosajones– suscitó desde un principio los recelos del titular de Trabajo que, desde entonces, ha vetado el intento de un frente comunitario, capitaneado por Alemania y Reino Unido, de “que se institucionalicen las 65 horas semanales los doce meses del año”.
El resto del pelotón comunitario –formado por 12 países– pide las 60 horas semanales durante tres meses y sin posibilidad de anulación, según el último informe emitido por Bruselas en 2006.
Los países disidentes –España, Italia, Grecia, Chipre y una vacilante Francia, que podría cambiarse de bando debido a la reciente elección de Nicolas Sarkozy, más proclive a eliminar las trabas en el libre mercado de trabajo– son los únicos Estados reacios a levantar el veto a la revisión de la directiva, estancada desde hace algo más de tres años.
Con este escenario, los agentes sociales apuntan a que “la solución ideal frente a la UE”, más proclive a la liberización de la jornada laboral, pasa por que “España apriete el acelerador y fragüe la norma que impida los pactos individuales entre empresario y trabajador”.
En esta batalla, la tesis mantenida por el Ejecutivo socialista siempre ha tenido dos vertientes: de un lado, que “todos los informes científicos indican que jornadas que superen las 48 horas son perjudiciales para la salud y para la seguridad de los trabajadores”; y, de otro, que “la competitividad” española debe conseguirse con otras políticas: por ejemplo, “mejor formación y no sólo alargando las jornadas”.
En España, el 80% de los hombres que circulan en el mercado de trabajo y el 57% de las mujeres –en total, más de 13 millones de ocupados– invierten a la semana “entre 40 y más de 50 horas al trabajo”, según se desprende del informe Tiempo de trabajo (2005), elaborado por Randstad y Esade. Afinando un poco más, el mismo estudio revela que el 22% de los varones empleados y el 10% de las mujeres trabajadores tienen una jornada semanal que supera las 50 horas.
Así, un futuro viraje legal en la bolsa de horas de trabajo afectaría, como mínimo, a 2,8 millones de trabajadores españoles.
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