La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha impugnóado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Decreto del Gobierno de Aragón que, esta pasado mes de mayo, aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2007, al entender que los términos de la misma lesionan el derecho fundamental de acceso al empleo público, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española.
A juicio de la Asociación, el número de plazas ofrecidas para acceso libre a la función pública no se ajusta en modo alguno a las necesidades reales de la Administración autonómica ni incluye los puestos de trabajo que requiere la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón, como son todos los cubiertos por personal interino.
Las condiciones de tramitación de la Oferta aprobada, sin facilitar la Administración datos sobre necesidades y volumen de plazas provistas por personal interino, y los términos del propio Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público, en el que no sólo se vulnera la obligatoriedad de inclusión de las plazas cubiertas por interinos, sino que se vulneran las previsiones legales y reglamentarias en materia de promoción interna, así como el porcentaje de plazas ofertadas reservado a personas con discapacidad, ponen de manifiesto una actuación arbitraria y contraria a derecho de la Dirección General de la Función Pública, órgano responsable de la confección de la Oferta, y vicia de nulidad el Decreto aprobado por el Gobierno de Aragón, por ser contrario al ordenamiento jurídico, vulnerando la Ley de Ordenación de la Función Pública y restringir, de forma antijurídica, el derecho constitucional de acceso al empleo público que corresponde a todos los ciudadanos.
Esta forma de actuar de la Administración autonómica, al aprobar en la forma señalada la Oferta de Empleo Público de 2007, no puede desvincularse de recientes resoluciones del Defensor del Pueblo y del Justicia de Aragón en las que se ha señalado el manifiesto incumplimiento de los plazos legales establecidos para la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2004 o la vulneración del principio de igualdad en la contratación de personal laboral no directivo en empresas públicas de la Comunidad Autónoma, como es el caso de SODEMASA, dependiente del Departamento de Medio Ambiente.
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