Trabajadores del 112 y 061 se manifestaron ayer en Sevilla, frente a las instalaciones del Centro Regional de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía, en una protesta por su condición de subcontratados de una empresa de telemarketing, reclamando, a su vez, una condición laboral dependiente directamente de la Junta de Andalucía, "tal como el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, prometió en noviembre de 2006 en Jaén".
En declaraciones a Europa Press, los trabajadores subcontratados de los Servicios de Emergencias explicaron que, "puesto que los medios, las instrucciones y el protocolo con los que trabajamos pertenece a la Junta de Andalucía, es de justicia que también estemos contratados por ella, no por unas empresas que lo único que hacen es poner la mano de obra, en una cesión encubierta de trabajadores".
A este respecto, indicaron que "no se trata de ser funcionarios, sino de que las empresas que nos subcontratan no se beneficien de un servicio público". Además, destacaron que "detrás de la gestión de estos servicios siempre están los mismos empresarios, algo que la Junta permite y que consideramos ilegal".
Así, los manifestantes consideraron que, después de 15 años subcontratados, "está claro que el acuerdo del 2003 de la Administración andaluza con los sindicatos, en el que se dice que nuestros puestos de trabajo deben dejar de subcontratarse, no se ha cumplido antes, ni se está cumpliendo ahora".
Igualmente, señalaron que, en estos años, "se han beneficiado de las contratas dos únicas empresas, teniendo como administrador una de ellas a un ex-director general de Política Interior, dirección de la que depende el 112".
A este respecto, la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, declaró ayer, en la presentación de los nuevos planes de emergencias del 112 celebrada en el mismo edificio, que "para trabajar en la Administración hay que ser funcionario", y matizó que "la Junta tiene decidido su modelo de gestión en este tema y en él vamos a permanecer".
Además, resaltó que si se tuviera conocimiento de la conexión entre una de las empresas encargadas de las contratas y el ex-director general de Política Interior, "yo misma acudiría al juzgado de guardia a denunciarlo".
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