Los tres agentes de la guardia civil de la provincia de Cádiz -dos de ellos destinados en Algeciras- expedientados por acudir a la manifestación del 20 de enero en uniforme ven desmesurado que uno de sus compañeros haya recibido una propuesta de resolución en la que se le solicita un año de suspensión de empleo y sueldo.
De los 21 expedientados en toda España, sólo uno ha recibido por parte del instructor una propuesta de resolución, que consiste en la suspensión durante un año de empleo y sueldo, lo que conllevaría además la pérdida de destino. Se trata de la recta final del expediente, que concluirá con la firma de la resolución del director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida. Luego cabe recurso ante el Ministerio del Interior.
Cada uno de los tres agentes de la provincia de Cádiz -cinco hay en Andalucía- tiene abierto un expediente disciplinario por falta muy grave y han estado apartados cautelarmente durante tres meses. Mientras, mandos militares siguen evaluando la gravedad de su comportamiento -que puede suponer desde la expulsión del instituto armado a la suspensión de empleo y sueldo durante un año-.
José Encinas no se ha incorporado a su puesto en el destacamento de Tráfico de Algeciras debido a que sufre un caso de ansiedad después de todo lo que le ha sucedido en los últimos meses. Alberto Moya, destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras, ha vuelto a su puesto de trabajo; al igual que Juan Antonio Delgado, al que le fue concedido un traslado de Barbate a Conil, donde está como miembro de la patrulla rural.
A los expedientados les has parecido excesiva la propuesta de resolución de su compañero. "Es desproporcionado. Un año de suspensión no sólo es un castigo para él, sino también para su familia. Es desterrar a la familia. Confiamos en que al final la cordura se imponga y que se quede en nada", señala el secretario de comunicación del sindicato AUGC, Juan Antonio Delgado.
De parecida forma se pronuncia José Encinas, secretario provincial del sindicato AUGC: "Tenemos la esperanza de no llegar a ese extremo. Sería desmontar la casa y marcharse fuera de aquí porque por ejemplo en mi caso mi mujer tiene su trabajo en Algeciras". A los dos años puede volver a pedir destino.
Encinas fue sancionado el pasado 5 de febrero y el 5 de mayo cumplió los tres meses de sanción en los que estuvo apartado de manera cautelar del servicio.
Los veintiún guardias civiles implicados acudieron a la manifestación del 20 de enero en Madrid para denunciar que el equipo de gobierno nacional sigue sin cumplir varios de los puntos que incluyó en su programa electoral como la equiparación salarial con el resto de las fuerzas policiales, la reforma del régimen disciplinario y la ley de derechos y deberes.
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