La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha recurrido en los tribunales la oferta de empleo público de la DGA para este año, aprobada tres días antes del inicio de la campaña electoral, al entender que "restringe de forma arbitraria" el derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público. La entidad, que nació en febrero con el fin de dar un "giro ético" a la Administración, considera que la convocatoria no es correcta ni por la forma en que ha sido tramitada, ni por los términos en que se ha redactado pese al "respaldo obtenido por algunas de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión de Personal".
Por esa razón, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En él, la asociación -que preside Julio Guiral- argumenta que la oferta "no es acorde con el ordenamiento jurídico" y resulta "incongruente con las necesidades de personal de la Administración". Sobre esta última cuestión, destaca que "no se ha recabado de los Departamentos la información imprescindible para estimar objetivamente las necesidades de personal del conjunto de la Administración". La oferta en cuestión prevé 2.371 plazas, de las que 534 corresponden a personal funcionario y laboral y el resto, 1.837, a personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.
Según explicaron ayer fuentes de la asociación, el recurso no paralizará la convocatoria de oposiciones, ya que no se han solicitado efectos suspensivos. "No queremos demorar, en ningún caso, los procesos selectivos, pero sí que quede acreditado que se ha restringido el derecho de acceso al empleo público", señalaron.
Entre otros motivos, la entidad subraya que la oferta no incluye el conjunto de plazas ocupadas por interinos lo que, en su opinión, incumple la normativa y el objetivo de reducir la tasa de temporalidad al 5%, acordado en la Mesa sectorial en 2004. Rebate así a la DGA, que el día de su presentación aseguró que las más de 2.300 plazas permitirían reducir la temporalidad hasta el 5,1% en el caso de los funcionarios y hasta el 9,5% en el caso del personal laboral. Tampoco se ajusta a lo legal, opina la asociación, el porcentaje de plazas reservado a los turnos específicos para personas discapacitadas (el 3%), cuando "el VII Convenio Colectivo las fija en el 5%".
La entidad denuncia también el "defectuoso encaje de la Oferta en el ordenamiento jurídico", ya que aplica preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, "pese a no haber entrado en vigor" y emplea "indebidamente" en algunos puntos las previsiones del convenio o de la ley de Ordenación de la Función Pública".
Abriendo otro frente, la asociación se ha dirigido además por escrito a los consejeros de Presidencia y Economía del Gobierno aragonés para solicitarles que a lo largo de este mes publiquen todas las convocatorias pendientes de la oferta de 2004. Según sus cálculos, siguen pendientes 65 plazas del grupo D y 41 del C.
En su carta, la entidad traslada a los responsables institucionales su preocupación por la "demora injustificada" que sufre estos procesos selectivos. Recuerda que la normativa autonómica señala que las pruebas para acceder a las plazas ofertadas se tienen que convocar dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la oferta en el Boletín Oficial. Y lamenta que "en una gran parte de los procesos, esos tres meses se han convertido en tres años". "Tampoco se ha respetado el plazo de resolución que marca el mismo precepto legal, según el cual la realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria", apunta.
En su escrito, la asociación subraya además que "tal incumplimiento de plazos" ha llamado la atención, incluso, del Defensor de Pueblo. Tal y como publicó este periódico, Enrique Múgica recordó recientemente a la DGA que "está obligada a cumplir los plazos legales" y le instó a adoptar todas las medidas que fueran necesarias para que la oferta de 2004 quedase rápidamente culminada. También le recomendó que en futuras convocatorias no se sobrepasen los tres años que, como máximo, se han fijado en el Estatuto del Empleado Público.
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