Aunque sus resoluciones no son ejecutivas, no son pocos los ciudadanos que confían al Procurador del Común, antes que a los juzgados, sus cuitas ante la vulneración de sus derechos o intereses por la acción de la Administración, las autoridades o los funcionarios públicos. Tras un lustro en el que la institución registró en Burgos un número de quejas por debajo de las 300, el pasado ejercicio se contabilizaron 315, alcanzando el nivel de 2000, cuando hubo 326 reclamaciones, pero sin llegar a las 362 del año 1997.
La mayor parte de las quejas, 120 (el 38 por ciento del total), que se producen en Burgos están relacionadas con actuaciones irregulares u opacas de la Función Pública. Y en este epígrafe se llevan la palma las reclamaciones de los propios funcionarios o de quienes pretenden serlo, que el pasado año han denunciado numerosos procesos de selección de personal convocados desde las Administraciones.
La institución hace especial referencia a los procesos de consolidación de empleo temporal y advierte a la Administración de que ha de introducir mejoras «en beneficio de aquellos aspirantes que no hayan prestado servicios». Asegura que en muchas pruebas los «principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito quedan en entredicho e incluso se prescinde de ellos absolutamente».
Sobre acoso laboral, el Procurador del Común percibe una gran dificultad para tramitar este tipo de reclamaciones, debido a los problemas de objetivación de las diferentes situaciones y por la falta de pruebas. No obstante, reprocha a las administraciones que no den respuesta cuando un trabajador emite una de estas quejas e incluso echa de menos que no se haya impuesto ninguna sanción a ningún empleado público.
El siguiente grupo de quejas más numerosas son de materia de Fomento, un total de 33 en Burgos, que representan el 11% de todas las presentadas. Las más numerosas tienen que ver con los procedimientos de gestión urbanística y en concreto el mayor número de quejas están relacionadas con el planeamiento general urbanístico, que este año ha motivado más reclamaciones que otros, según la institución. Y se ha debido sobre todo al vencimiento de los plazos del régimen transitorio del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
En cuanto a la utilización de instrumentos de planeamiento urbanístico, la institución recuerda a las entidades públicas la obligación que la contratación de los técnicos que desarrollan dichos planes ha de estar sujeta a la normativa vigente sobre contratación de las administraciones públicas.
Se ha producido, asimismo, un incremento de reclamaciones por la ocupación y urbanización de terrenos privados sin que se haya tramitado con anterioridad un expediente expropiatorio. Recuerda el Procurador a las Administraciones que deben cumplir unos plazos mínimos para el pago del justiprecio por los terrenos a los propietarios afectados, algo que no sucede habitualmente.
En materia de vivienda pública, el Procurador pide a las administraciones que pongan los medios para garantizar que los precios finales de las viviendas de protección sea el ofertado en su día por la promotora cuando ganó el concurso para su edificación.
El mismo porcentaje que las de Fomento representan las relacionadas con Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud. Las quejas más numerosas son las que critican la falta de recursos públicos en residencias para la atención a los mayores así como las que demandan la eliminación de obstáculos que impiden su acceso a las prestaciones de la Administración. En materia de menores, las reclamaciones son similares, ya que muchas quejas se centran en la inexistencia de una oferta pública suficiente de plazas de guardería. Los discapacitados son el colectivo que quizás más quejas envíe al Procurador, sobre todo orientadas a exigir la eliminación de barreras arquitectónicas que impiden el acceso a todo tipo de edificios públicos.
En materia de medio ambiente llegaron al Procurador 14 reclamaciones, la mayoría de ellas para pedir soluciones para los ruidos que han de soportar algunos ciudadanos que viven cerca de lugares de copas, etc.
La mayoría de las quejas llegadas en materia de educación tuvieron que ver con la exigencia de los padres a elegir centro educativo. El estado de las instalaciones, la gratuidad de los libros y de los comedores así como la calidad del transporte fueron objeto también de varias quejas.
Las reclamaciones acerca de posibles efectos nocivos sobre la salud de las instalaciones y transformadores de alta tensión han constituido el principal foco de quejas en el apartado de industria, comercio, empleo y seguridad social.
ELLOS ACUDEN MÁS
Burgos no está entre las provincias de Castilla y León que más se quejan. En 2006 se registraron 9 quejas por cada 10.000 habitantes, mientras que en León fueron 12 por cada 10.000. En Ávila y Valladolid fueron 11. La que menos quejas presentó fue Salamanca con 7 por cada 10.000 vecinos.
Los hombres fueron los que más denuncias presentaron, 164 en total, el 52%. Las mujeres firmaron solo 12 (el 40%) y 26 fueron colectivas.
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