El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quiere tener controladas las horas de entrada y salidas de sus funcionarios para lo que implantará a partir de otoño un sistema electrónico de lectura de huellas dactilares.
Con esta medida se obligará a los más de 50.000 funcionarios de la Administración de Justicia madrileña a no tener la oportunidad de escaquearse, pues nadie podrá fichar por ellos.
Esta iniciativa afectará a funcionarios de gestión procesal y administrativa, al cuerpo de Auxilio Judicial, médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, peritos… pero se librarán de ella jueces, fiscales y secretarios judiciales.
En la memoria del TSJM presentada el viernes por Javier Casas, presidente del tribunal, se hace un repaso de la situación de la Justicia madrileña en 2006.
En los 300 folios que ocupa el informe, se dedica un apartado a la necesidad de establecer un control de asistencia para los funcionarios.
En la memoria se deja entrever que se hace imprescindible vigilar los horarios de estos trabajadores, ¿será porque se escaquean demasiado?
El informe dice que durante el año pasado no ha existido un medio de control eficaz y fiable del horario de los funcionarios y que por eso el cumplimiento de la jornada tuvo que ser supervisado, en la medida de lo posible, por los respectivos secretarios judiciales.
En muchas sedes judiciales de la capital y también en los juzgados de varias ciudades de la región ya se ha instalado este nuevo sistema, aunque todavía no está en funcionamiento, según la consejería que dirige Alfredo Prada.
Reticentes ante el nuevo sistema
Algunos sectores de la Administración de Justicia se han mostrado reticentes ante el nuevo sistema de fichar, por lo que la implantación del sistema tendrá que ser negociada con los sindicatos, aunque la implantación de esta nueva tecnología en muchas sedes hace pensar que pese a la negativa de algunos se instalará de todos modos.
Estas negociaciones empezarán aproximadamente a finales de septiembre o principios de octubre. Los jueces, fiscales y secretarios judiciales han presionado para quedar excluidos de esta medida.
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