El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer la firma de un protocolo para luchar contra la siniestralidad laboral que contempla penas, incluida la cárcel, para quienes incumplan las normas de prevención de riesgos en el trabajo.
Durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Trabajo del Congreso, Caldera dijo que en "breves fechas" se firmará un protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo para investigar los delitos contra la vida, salud e integridad física de los trabajadores.
El protocolo, al que está previsto que se adhieran las organizaciones sindicales y el Consejo General de la Abogacía Española, también establece la ejecución de las sentencias condenatorias.
Su objetivo es establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación ágiles entre las partes implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, así como definir, potenciar y favorecer la implantación de procedimientos de actuación en la materia. Caldera calificó esta actuación como "importante, necesaria" y consecuente con la exigencia de "nula tolerancia" con los incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales.
Se pretende, dijo, que ningún supuesto penalmente responsable quede sin investigarse ni enjuiciarse y que se condene "a los sujetos reales y no solo formalmente responsables del siniestro, con el máximo rigor que corresponda, incluida la cárcel".
Esta será una de las medidas que contempla el Plan de Acción para el impulso y la ejecución de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2007-2012, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, y que hoy se llevará a la Comisión Nacional correspondiente para su visto bueno y establecer el calendario.
El ministro consideró "inaceptable" el número de accidentes, aunque subrayó que la mayoría de las empresas "funcionan correctamente" y velan por la aplicación de las normas de protección, por lo que "no podemos extender la mancha de la sospecha al conjunto de los empresarios".
El Plan recoge las actuaciones que el Gobierno pretende llevar a cabo en los próximos diez meses (hasta abril de 2008) o bien que se van a iniciar en este periodo aunque su desarrollo sobrepase esa fecha.
El ministro también anunció la inversión de cuatro millones de euros en una campaña de concienciación para promover la cultura preventiva que comenzará el próximo otoño.
Trabajo pondrá especial atención al cumplimiento de la norma por parte de las pymes para lo cual, a partir de septiembre, entre otras iniciativas, pondrá en marcha un plan de asistencia técnica al empresario con menos de 10 trabajadores.
Asimismo, se intensificará la coordinación con la Fiscalía especializada en seguridad y salud, se creará una Comisión técnico-mixta entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
El diputado del PP, Eugenio Azpíroz, valoró la Estrategia, aunque señaló que carece de una "cuantificación de objetivos", no consta una memoria económica, hay muchas medidas inconcretas y falta calendario de aplicación.
El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, achacó las causas de la siniestralidad a la estructura económica "desequilibrada" y al incumplimiento de la ley en materia de prevención; pidió que se incremente la inspección y se castigue a los infractores.
Emilio Olabarria, del PNV, valoró la creación de una fiscalía, pero destacó la necesidad de que fuese "especializada" y consideró necesario transferir la inspección del Trabajo a las comunidades autónomas.
El diputado de ERC, Joan Tardá, pidió actuaciones "categóricas y rotundas" por parte de los poderes públicos, ya que -dijo, mientras un empresario no vaya a la cárcel si delinque, "la sociedad no va a responder".
Por el Grupo Mixto, la diputada del BNG, Olaia Fernández, dijo que construcción y naval son los sectores más vulnerables y afirmó que sería positivo transferir a las comunidades la inspección en el trabajo.
Carles Campuzano, de CiU, consideró "prioritario" introducir mecanismos que estimulen el cumplimiento de la normativa, mientras que Jesús Membrado, del PSOE, destacó que la Estrategia incentiva a aquellas pymes que tengan medidas adecuadas.
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