El servicio de asesoramiento jurídico gratuito del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) recibió 206 consultas sobre vulneraciones de derechos durante 2006, el doble que en 2003, el año de su creación.
El asesor jurídico del CERMI, Oscar Pedra, explicó que este servicio intenta orientar a los discapacitados sobre situaciones en las que se vean afectados sus derechos o el ejercicio de sus obligaciones.
El Comité contesta las consultas de personas, organizaciones, fundaciones y administraciones públicas con dificultades o problemas relacionados con la discapacidad por correo electrónico, correo ordinario o por teléfono en los casos en los que la discapacidad del solicitante no le permita utilizar esas vías.
Un tercio de las quejas recibidas por el CERMI fueron relativas a cuestiones administrativas -acceso a la función pública, eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos-, mientras que dos de cada diez se referían a cuestiones de empleo y contratación laboral.
El 16 por ciento del total requería la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas, el 14 por ciento se referían a discriminación y falta de igualdad de oportunidades en ámbitos relativos al transporte y la educación.
Por último, una de cada diez consultas preguntaba sobre temas fiscales -principalmente bonificaciones e IRPF- y el 10 por ciento sobre seguridad social, sobre todo pensiones.
Una vez recibida la consulta, el CERMI orienta al solicitante acerca de los pasos que tiene que dar para subsanar el problema, ya sea por la vía judicial -en este caso se informa sobre la asistencia gratuita- o por la vía administrativa.
En los casos genéricos que afecten a un importante número de discapacitados, el Comité se dirige personalmente a las administraciones que hayan actuado incorrectamente para pedir explicaciones y responsabilidades, incluso puede personarse en la defensa cuando se trate de asuntos graves.
Pedra explica que, en determinadas ocasiones, existe un vacío legal que impide erradicar el problema que afecta al discapacitado, puesto que es irresoluble o la normativa que regula su solución es demasiado compleja.
El ejemplo más reiterativo en las consultas es el de aquellas personas que tienen una grave discapacidad física y no pueden salir de su domicilio por las barreras arquitectónicas, que les convierte en 'verdaderos esclavo secuestrados en sus domicilios'.
Para estas personas los problemas se reducen al interior del hogar, pero también son frecuentes las reclamaciones de personas ciegas a las que se le ha impedido utilizar el transporte aéreo o de discapacitados auditivos que no han podido hacer un examen para acceder a la función pública por falta de intérpretes de lenguaje de signos.
El CERMI atiende las consultas de los discapacitados desde el año 2000, pero fue en 2003 cuando estructuró este servicio a través de su página web.
La web de este Comité, www.cermi.es, también pone a disposición de los usuarios discapacitados dos formularios de denuncia para presentarlos ante la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad y otro de reclamación ante el Defensor del Pueblo.
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