El presidente del Consejo Económico y Social, Fernando Redondo, presentó al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el informe anual 2006-2007 sobre la situación de las Islas, en la que incluyen un monográfico especial sobre la situación actual y las perspectivas de los jóvenes en Canarias, que afrontan la subida de tipos de interés con los sueldos más bajos de España. Destaca la recomendación del CES recomienda al Gobierno canario para que invierta menos en infraestructuras y más en capital humano para aumentar la productividad.
El CES ha concluido que Canarias, en su marco europeo, ha quedado “bien posicionada y con el marco legal clarificado” al menos hasta el año 2013. En el marco económico, para el CES es importante que el Gobierno de Canarias dedique a partir de ahora “menos inversión en infraestructuras y más a incrementar la competitividad de la economía canaria”. En opinión de Redondo, la principal preocupación que tiene el Archipiélago es su baja productividad, por el tipo de actividad económica que existe, bajada en los servicios y la baja capitalización.
La receta que propone el CES, pues, pasa por la mejora de la competitividad, algo que se consigue con mayor inversión en I+D y mucha más inversión en formación, dado que es vital la mayor cualificación de los trabajadores del Archipiélago. “Los mayores esfuerzos deben hacerse en educación y formación”, explicó Redondo.
El presidente del CES detalló que uno de los monográficos en que se han centrado este año ha ido dedicado especialmente a la juventud canaria. En él, y asumiendo el Consejo la perspectiva de que los tipos de interés van a seguir aumentando, se expone las dificultades por las que pasan los jóvenes canarios, que se encuentran con la situación de que están en la autonomía con los sueldos más bajos de toda España. Por ello, Redondo explicó que si bien es un problema que afecta a todo el país, “en Canarias es especialmente preocupante”.
El informe entra tanto en delimitar el perfil de los jóvenes canarios como en explorar los problemas de acceso a la vivienda, con datos que muestran como los jóvenes no consiguen comprar su primera vivienda hasta los 32 años de media y que cuando lo hacen se ven obligados a dedicar una media de diez años y seis meses de su salario íntegro para poder pagarla.
Este hecho se complica aún más al constatar que las generaciones más jóvenes “se enfrentan hoy a un contexto difuso, con un porvenir lleno de riesgos e incertidumbres” en el terreno laboral, ya que “deben enfrentarse a múltiples y cambiantes exigencias laborales que exigen un gran esfuerzo de adaptación”. Este panorama laboral de los jóvenes, señala el CES, “se define por itinerarios laborales cada vez más inestables y fragmentados, todo lo cual dificulta su desarrollo personal y su plena integración social, retrasando los planes de vida de la mayoría de ellos (se retrasa la maternidad, el acceso a una vivienda…)”.
Empresarios, organizaciones sindicales, y organizaciones como la de los consumidores forman parte del Consejo, que presentará el informe en el Parlamento el próximo lunes. Redondo explicó que la economía canaria terminará 2007 con un crecimiento superior al 3 por ciento, y eso demuestra que sigue habiendo “un crecimiento sostenido”. Sin embargo, el Consejo insiste en su informe en que la dificultad para rebajar la tasa de paro sigue siendo el mayor problema de la Comunidad Autónoma, por lo que considera que “el objetivo del empleo debe colocarse en Canarias en el centro de la actuación del Gobierno”.
Por otra parte, Fernando Redondo expuso que la inmigración en Canarias “está siendo positiva para la economía”, al atraer gente por tener “una economía boyante” y además por estar cerca de África. “Gracias en una gran parte a la inmigración Canarias está creciendo, porque la inmigración está cubriendo una serie de servicios que nadie estaba cubriendo”.
El informe, pues, “no es negativo en este tema”, y dejó claro que el Consejo está muy preocupado por el fenómeno migratorio. Para Redondo, “antes que nada hay que poner medios para salvar vidas, porque este es un problema de derechos humanos, y tenemos la obligación de verlo como eso, porque la gente tiene derecho a emigrar y a buscar mejores condiciones de vida, y lo que no hay derecho es que por eso se jueguen la vida”, por lo que dijo que las administraciones públicas “tienen que hacer todo lo posible para acabar con esa sangría”.
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