Los profesores de Derecho Administrativo Mariano Bacigalupo y Jesús Ángel Fuentetaja advirtieron ayer en rueda de prensa de que el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado el pasado mes de abril en las Cortes Generales, tardará "años" en desarrollarse por la "necesaria" adaptación a este texto de las normas tanto autonómicas como estatales.
"En los próximos años habrá que reformar las leyes o aprobar nuevas en las comunidades autónomas y el propio Estado", señaló Jesús Ángel Fuentetaja, una idea que refrendó Mariano Bacigalupo, con el que dirige esta semana el encuentro 'La reforma de la Función Pública: valoración y perspectivas', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Según Bacigalupo, "el Estatuto sienta las bases que ahora tendrán que continuar los legisladores autonómicos".
La aprobación de esta ley, que entró en vigor el 13 de mayo, es una "pieza esencial" en el estatuto jurídico de los funcionarios. Se trata de un "mandato a los legisladores" recogido en la propia Constitución española y que "se ha hecho esperar" 30 años, según explicó Bacigalupo, que recordó que ese mandato a los legisladores del texto constitucional se redactó sin que existieran aún los legisladores autonómicos, pero que también les incluye.
La ley no fija un plazo concreto para este proceso, que abarca la reforma de los textos legales estatales y autonómicos ya existentes y que implicará la aprobación de nuevas normas, como es en el caso del Estado con un nuevo Estatuto para los empleados estatales. La falta de definición temporal puede abrir un período de "incertidumbre", reconoció uno de los codirectores del encuentro.
Fuentetaja estimó que la actuación de las comunidades autónomas en el "necesario" proceso de adaptación que se abre ahora se enmarca dentro de su "margen de apreciación, que es una opción política" y duda que se traduzca en diferencias en la condición de los empleados públicos en función de la comunidad autónoma en la que trabajen. Las posibilidades son "mínimas", defendió. Bacigalupo, por su parte, admitió que en el proceso previo a la aprobación de la ley ésta fue uno de los aspectos "menos pacíficos".
Además, enfatizó que el Estatuto dispone unas normas básicas para todos los empleados públicos, un "estatuto subjetivo de derechos" comunes que "no es óbice" para que las comunidades establezcan diferencias en aspectos entre los que citó las retribuciones o la clasificación de categorías laborales.
Fuentetaja cifró en 2,5 millones el número de funcionarios que trabajan en España, de los que Bacigalupo especificó que el primer puesto, con un 1,3 millones, le corresponde a las comunidades autónomas, seguido de las entidades locales y el Estado con aproximadamente medio millón de personal público cada uno, si bien el profesor de Derecho Civil recalcó que la Administración General del Estado "es la tercera de las entidades empleadoras".
Los codirectores del curso rechazaron que la tasa de empleados públicos, que calcularon en 18 por habitante, sea "irracional" y la consideraron "similar a las coordenadas" de los países del entorno. Sin embargo, señalaron que la Ley de la Función Pública trató de "contener" el crecimiento del empleo público, aunque reconocieron que con resultados "modestos", con medidas como las excedencias o las bajas de carácter voluntarias e incentivadas.
EVALUACIÓN Y ESTÍMULO
El Estatuto del Empleado Público "piensa en los destinatarios de la actividad de los funcionarios, que son los ciudadanos", según Bacigalupo, que afirmó que por eso la Ley incluye la obligación de que las administraciones realicen una evaluación anual del rendimiento y funcionamiento de sus empleados, lo que permitirá "incrementar su rendimiento" y "remover" de sus puestos a los funcionarios que no cumplan con sus deberes.
Esta medida, añadió, también tendrá efectos sobre el personal público. "En toda actividad profesional son necesarios y convenientes los estímulos. Los trabajos sin estímulos están abocados a la rutina y la menor calidad", precisó.
En ese sentido, concretó este punto en la existencia de una evaluación del trabajo que incorpora un sistema de retribuciones complementarias o "diferentes" posibilidades de "progreso" y ascensos, como la creación de una carrera administrativa.
Una de las dudas que ha surgido en los primeros momentos de la aplicación del Estatuto es si afecta o no a los empleados sanitarios, ya que estos tienen una regulación legal propia.
Los codirectores del encuentro confiaron en que esta nueva ley contribuya a la "contención" de la deuda pública". Así, Fuentetaja calificó al Estatuto de "neutro" en este aspecto, aunque asumió que su aplicación tendrá "incidencias financieras" traducidas en incrementos de las partidas presupuestarias del Estado y las comunidades autónomas.
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