La ausencia de un organigrama global del Consell dificulta, por no decir que impide, conocer con exactitud el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos en el gobierno valenciano. Esta carencia se hace aún mayor a la hora de saber el tanto por ciento en los diferentes colectivos profesionales de la administración autonómica o las previsibles diferencias salariales existentes entre colectivos en los que trabajan mayoritariamente mujeres -servicios sociales, por ejemplo- y los que están ocupados de manera más amplia por hombres. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) se queja de que le ha sido imposible acceder a estos datos, pese al elevado número de trabajadoras que prestan sus servicios en la Generalitat. Comisiones solicitó al Consell el pasado 24 de julio los datos desagregados por sexo, grupo profesional y colectivos del personal a su servicio "con el fin de conocer la situación real de la mujer y de negociar el Plan de Igualdad, cumpliendo con lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Igualdad".
CC OO denuncia que el gobierno autonómico está muy lejos de "garantizar una presencia equilibrada de las mujeres en los altos cargos", pese a que el 66% del personal que trabaja para la administración autonómica son féminas. Un porcentaje que, según informó ayer este periódico, desciende a un 38% cuando se trata de ocupar puestos de responsabilidad política. El diferencial entre las mujeres que trabajan y las que postentan altos cargos, según Comisiones, revela la falta de equilibrio en dichos puestos. El sindicato considera que estos datos demuestran que en la Generalitat "queda mucho trabajo por hacer para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres".
Comisiones Obreras realizó esta valoración tras conocerse los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2007, en el que se refleja que las instituciones públicas valencianas cuentan con un porcentaje de mujeres en sus plantillas que alcanza el 53% del total de empleados, cifra que se eleva al 65,8% en el caso de la administración autonómica.
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