El preacuerdo establece una retribución mínima de mil euros netos para los empleados locales. Los sindicatos deberán ratificar el texto en asamblea en los próximos días.
Casi dos días de tira y afloja -desde las diez de la mañana del pasado lunes hasta las seis de la madrugada del martes- entre la plantilla municipal, representada por CC OO, CIG y CSI-CSIF, y la edil de Personal, Obdulia Taboadela, han servido para acercar posturas, limar asperezas y sobreponerse a un conflicto que llevaba camino de eternizarse. El largo enfrentamiento laboral que protagonizaron el gobierno local y trabajadores del Ayuntamiento puso en jaque a los efectivos de emergencias de la ciudad, con el aumento inusitado de las bajas laborales de bomberos y policías locales que llegó a alcanzar al 40% de la plantilla.
Taboadela explicó ayer a grandes rasgos los detalles de un preacuerdo laboral para el trienio 2007-2009 que todavía deberá ser ratificado en asamblea por los trabajadores como paso previo a su aprobación formal en la Mesa General de Negociación del municipio. Taboadela señaló que con esta medida el consistorio aspira a "normalizar los servicios y las relaciones laborales" en beneficio de la ciudadanía, centrando el esfuerzo presupuestario en "casi todos" los trabajadores, en especial los grupos "de rango salarial más bajo".
El texto fija una retribución salarial mínima de 1.000 euros líquidos para casi 250 de los 1.300 trabajadores municipales que aún no alcanzaban esa cifra. La aplicación presupuestaria del contenido económico del preacuerdo se hará efectiva en tres anualidades, de modo que el actual presupuesto de 2007 asumirá el 10% del coste; el 60% se aplicaría en el próximo ejercicio y el 30% restante en 2009. Se establece además un complemento de productividad de 1.206 euros brutos anuales que se abonarán con carácter trimestral.
El alcalde, Javier Losada, se mostró ayer "satisfecho" por el principio de acuerdo alcanzado para zanjar 18 largos meses de agrio conflicto. Losada considera que este documento es la prueba de que el gobierno local "ha cumplido con su palabra y con su responsabilidad para con los ciudadanos de A Coruña", ajustándose en todo momento "a la legalidad" durante todo el proceso negociador. Un proceso complejo que se enquistó durante meses y amenazó con enturbiar el desembarco de Losada al frente de la alcaldía tras la marcha de su antecesor en el cargo, Francisco Vázquez.
Los sindicatos se muestran "cautos" y se resisten a lanzar las campanas al vuelo tras una negociación "agotadora". Javier Fontenla, delegado sindical del CIS-CSIF, puntualiza que el preacuerdo debe salvar un último escollo en una asamblea general que se celebrará previsiblemente a principios de la próxima semana.
Las protestas comenzaron en febrero de 2006, con Vázquez como alcalde. Concentraciones y pancartas en la plaza de María Pita evidenciaron las diferencias entre el Ayuntamiento y sus trabajadores. Las divergencias se hicieron más visibles para los coruñeses durante la acampada que un numeroso grupo de funcionarios protagonizó en Los Cantones en vísperas de los comicios municipales. Fontenla cree "irónico" que la entonces subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, ordenase el desalojo del campamento semanas antes de ocupar su actual cargo como edil de Personal.
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