O se retiran los expedientes sancionadores a los 56 bomberos suspendidos por 15 días de empleo y sueldo tras criticar a cinco compañeros aspirantes a promocionar a cabo, o seguirán las movilizaciones. Es el mensaje enviado ayer por los representantes de la junta de personal del Ayuntamiento de La Coruña, que entregaron a la concejala de Personal del gobierno local, Obdulia Taboadela, las conclusiones de la asamblea del pasado martes. En ella se valoró el preacuerdo firmado entre las centrales sindicales CSI-CSIF, CIG, CC.OO. y UGT y la corporación la pasada semana.
Los funcionarios acordaron por amplia mayoría (cerca del 80 por ciento de los 600 trabajadores que acudieron a la asamblea) condicionar una valoración favorable del texto a la retirada de las sanciones a sus compañeros. Es la principal conclusión que se extrae del informe recibido por Taboadela, que no fijó fecha alguna para contestar a la petición.
De no revocar los expedientes, las movilizaciones regresarán a las calles coruñesas. Los cortes de tráfico, las caceroladas, el campamento en el Obelisco y el boicot en forma de baja podrían de este modo volver a repetirse. Como aseguraba Roberto Tizón, portavoz de la CIG, «no se descarta ningún tipo de actividad al respecto» si no desparecen los castigos, que no forman parte de la negociación al tratarse de «una medida de presión que debe desaparecer cuando se acaba el proceso». «Queremos que asuman la necesidad de poner punto final, por nuestra parte no podemos hacer más», explicaba Manuel Aceña (CSI-CSIF), presidente de la Junta de Personal. Mientras, 99 agentes de la Policía Local y 32 bomberos permanecían ayer de baja (de un total de 190 y 112 respectivamente).
Desde instancias políticas, la oposición en el Palacio de María Pita llamaba al alcalde Javier Losada a cerrar el conflicto de manera inmediata: «Es hora de pasar página y ésta es la oportunidad para hacerlo, no la de estar empecinados en ser un lastre para la solución del conflicto», sentenciaba Carlos Negreira, jefe de filas del PP.
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