Los alcaldes de Madrid, Las Rozas, Pozuelo y Alcobendas, los mejor pagados de la Comunidad

Los alcaldes de Madrid, Las Rozas, Pozuelo, Alcobendas y Alcalá de Henares (PP) son, en este orden, los mandatarios municipales mejor pagados de la región; todos superan los 90.000 euros brutos anuales, y dos de ellos (el madrileño Ruiz-Gallardón y el roceño De Santiago) perciben más de 100.000 euros.

Les siguen los regidores de Getafe (PSOE), Majadahonda (PP), Móstoles (PP) y Boadilla (PP), que perciben entre 80.000 y 85.000 euros anuales. Los alcaldes de Navalcarnero y Villanueva del Pardillo (PP) también ganan más de 80.000 euros anuales desde esta legislatura.

Sólo los alcaldes de cinco de las diez ciudades más pobladas de la región figuran en la lista de los regidores mejor pagados: los de Madrid, Alcobendas, Alcalá, Getafe y Móstoles.

Entre los alcaldes de estas diez localidades más grandes, el que menos cobra es el de Parla, nuevo líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez (54.000 euros), seguido del de Fuenlabrada, el también socialista Manuel Robles (57.100 euros) y del de Torrejón, el «popular» Pedro Rollán (72.000). De los consistorios de las grandes localidades, sólo el de Alcorcón (gobierno y oposición) rehusó colaborar en esta información.

Sin regulación

Actualmente, en la Comunidad no existe ningún reglamento que regule los sueldos de los alcaldes y de sus corporaciones, acordados entre los propios beneficiarios tras cada cita electoral.

En realidad, sólo en dos regiones (Cataluña y la Comunidad Valenciana) existe cierta regulación común en los salarios, retribuciones y compatibilidades de sus consistorios, mientras que otras (Andalucía y Galicia) ya han mostrado su intención de acometerla.

«En la Comunidad de Madrid se ha planteado, la última vez en 1995, cuando se negoció la prudencia que debían tener las corporaciones al fijar sus retribuciones. Se dijo que el alcalde de los municipios medios-altos debía percibir una peseta más que el funcionario que más cobrara. Al no estar regulado, se pidió que cada ayuntamiento, como institución soberana, lo viera al principio de legislatura», explica Luis Partida, presidente de la Federación de Municipios Madrileños (FMM).

Los ayuntamientos tomaron nota y, cada inicio de cuatrienio, aprueban los salarios de los cargos públicos. Así sucedió también tras el 27-M: el primer pleno de muchas localidades incluyó la actualización de los sueldos municipales, de ahí las polémicas surgidas últimamente por algunas subidas.

Diferentes grupos de la oposición de Torrelodones, Villalbilla, Navalcarnero, Boadilla, Arroyomolinos, Guadalix o Villanueva del Pardillo, entre otras localidades, denunciaron a la opinión pública subidas que creyeron abusivas.

Los responsables del incremento, mientras, se defendieron sosteniendo que correspondía al IPC acumulado, a convenios laborales de todo el personal, o a adaptarse al sueldo del funcionario que más ganara, como recomienda la FMM.

Polémicas subidas de sueldo

Ese fue el caso de la polémica más intensa, la protagonizada por el Ayuntamiento de Torrelodones en junio, cuando aprobó una subida salarial del 36% que hacía que su alcalde, Carlos Galbeño (PP), pasara de cobrar 67.600 a 91.445 euros.

La oposición afirmó que iba a ser uno de los alcaldes mejor pagados del país en una localidad de 20.000 vecinos, y remarcó que hasta superaría el sueldo del presidente del Gobierno.

La polémica fue en aumento, hasta el punto de que la propia presidenta del PP madrileño y su secretario general, Esperanza Aguirre y Francisco Granados, instaron a Galbeño a bajarse el sueldo, según fuentes del partido, lo mismo que semanas después hicieron con el regidor de Villalbilla, Iván Borrego, que se subió el sueldo un 68%, hasta cobrar 72.000 euros en un pueblo de 7.500 vecinos.

«Nunca antes se había llamado la atención a ningún alcalde», afirma el PP. PSOE e IU de Madrid nunca se han visto obligados a hacerlo, afirman.

En Mijas (Málaga), la polémica llegó a tal punto que el socialista Agustín Moreno dimitió tras aumentar su salario a 126.000 euros, lo que le convirtió en el mejor pagado del país, y tras no atender el ultimátum del PSOE para que rectificara.

En Torrelodones la sangre no llegó al río y, aunque el alcalde negó presiones, horas después de hablar con Granados anunció que, «sensible a la opinión de los ciudadanos», congelaba su sueldo. En todo caso, reiteró que su subida sólo iba encaminada a percibir un euro más que el funcionario nacional que más cobrara, como recomendó la FMM y como pactaron los grupos municipales.

«Lo que pasa es que Galbeño no se subió un euro sobre el sueldo base del funcionario que más cobrara, sino sobre el total, con sus complementos de productividad y antigüedad: esa base salarial es de 24.000 euros», matizó la oposición.

Ese euro más que el funcionario mejor pagado es el criterio más utilizado en los ayuntamientos de las localidades medias y grandes de Madrid para fijar los emolumentos del alcalde y, porcentualmente, del resto de cargos públicos. «Aunque ha de fijarse sobre el sueldo base del funcionario, claro», confirma la FMM: ésa, al menos, fue la recomendación a los ayuntamientos en 1995.

En base a este criterio, algunos ayuntamientos tienen en cuenta el sueldo del funcionario nacional que más cobra (en Majadahonda, por ejemplo), otros se centran en los funcionarios municipales (como Getafe) y, los menos, en los autonómicos (en Alcalá el alcalde cobra lo que un consejero).

En algunos consistorios, mientras, los regidores no tienen en cuenta el sueldo de los funcionarios que más cobran por considerarlo excesivo, como en Rivas —José Masa (IU)—, en Fuenlabrada —Manuel Robles (PSOE)— o en San Fernando, donde Julio Setién (IU) es el alcalde de las ciudades medias-grandes que menos cobra: 40.000 euros. Mientras, el nuevo Gobierno de Pinto (PP) se ha bajado el sueldo.

En la capital, Gallardón (PP) cobra teniendo en cuenta el sueldo de los secretarios de Estado; y en Pozuelo (PP) afirman combinar el salario del funcionario mejor pagado con la población y el presupuesto, aunque la oposición lo niega.

FMM: regulación y prudencia

El presidente de la FMM, Luis Partida, destaca la importancia de acometer una regulación que estipule los sueldos en función «del tamaño, la dotación presupuestaria y la dedicación de cada miembro de la corporación, y fijándose una base de mínimos y máximos», e insiste en pedir «prudencia»: «Se ha de cobrar por el trabajo, la responsabilidad y el presupuesto que se maneja, pero sin desatar escándalos», opina.

A su juicio, cualquier ayuntamiento y alcalde madrileño «verá bien que se habilite una referencia, como sucede en el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos».

Algunos grupos de la oposición destacan la importancia de que la regulación abarque también el número y sueldos de los cargos de confianza, «para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad existentes», apunta IU en Majadahonda.

De la veintena de ayuntamientos consultados, la gran mayoría de los gobernados por PSOE e IU se muestran partidarios de una regulación de los sueldos que parta del propio municipalismo, mientras que en el PP, con excepciones, se muestran más cautos.

A nivel nacional, los tres grandes partidos han dado pasos para regular y hasta legislar en la materia, en parte conscientes del daño que hacen a la clase política estas esporádicas polémicas: nadie quiere que el trabajo de los cargos públicos sea percibido por la ciudadanía como un mero chollo.