La precariedad laboral en los ayuntamientos llegará al 40% y aumentará también de modo considerable en el resto de las administraciones públicas si «los senadores no rectifican el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público». La voz de alarma fue dada por UGT y CC. OO. que consideran «muy peligroso» para la estabilidad del mercado laboral que las empresas de trabajo temporal (ETT) actúen en el sector público. Denuncian, además, que estas sociedades que «alquilan mano de obra sin experiencia» deteriorará los servicios para el ciudadano.
Las ETT no pueden operar en sectores de riesgo (construcción, minería) ni en las administraciones, salvo para la realización de encuestas. El texto inicial del proyecto de la ley respetaba estas condiciones, pero CiU introdujo una enmienda que ampliaba la actividad de las ETT al área pública con contratos por un periodo determinado. Ahora, el proyecto se encuentra en el Senado y UGT denuncia que CiU persigue, con otra enmienda, «empeorar aún más la situación» al quitar el tope de seis meses para la duración de los contratos de las ETT en las administraciones. El sindicato ha remitido una carta al Gobierno y a los senadores.
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